El exconcejal de Urbanismo en Alicante y actual líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quiso dejar claro ayer que si exigió la licencia ambiental municipal a la empresa Alicante Port SL para desarrollar la actividad de estiba de graneles pulverulentos del Puerto de Alicante, fue basándose en un informe de los técnicos municipales, que consideraron que no era suficiente con el procedimiento de la declaración responsable. «Cuando era concejal tomé una decisión en función de lo que me aconsejaron los técnicos, firmé varios decretos para suspender la actividad porque la empresa se negó a solicitarla», manifestó Pavón, quien recordó que el juez no llegó a aplicar esa suspensión.

Pavón aseguró que la situación «abocaba a firmar decretos para suspender la actividad, porque la empresa consideraba que era suficiente con la declaración responsable». En la sentencia se condena al Ayuntamiento a pagar las costas que ascienden a alrededor de 2.000 euros. El fallo estima en su integridad los argumentos esgrimidos por la compañía Alicante Port SL en el sentido que la estibadora estaba habilitada para acudir, como hizo al procedimiento de la declaración responsable, en lugar de la licencia ambiental requerida por el Consistorio. «Yo firmé lo que los técnicos señalaban, pero la suspensión no se llegó a aplicar y los decretos no fueron efectivos».

Según indicó ayer Pavón, «la sentencia no es firme, cabe recurso y espero que el Ayuntamiento recurra». Tal y como publicó ayer este diario, este fallo «puede sentar un importante precedente para los restantes contenciosos promovidos por las otras dos compañías estibadoras Bergé y Cesa Alicante, frente al mismo requerimiento de licencia ambiental, así como para los contenciosos emprendidos por todas las empresas frente a los decretos que ordenaron la suspensión de la actividad de estiba de graneles en el Puerto», subrayaron desde Atdapa, la asociación de trabajadores dependientes del Puerto.

Pavón añadió que no tuvo intención de dañar las arcas públicas y que «es un tema que ha acabado judicializado, como en muchas otras decisiones que toma el Ayuntamiento».