Manifestarse frente al Congreso, impedir un desahucio o faltas de respeto o desobediencia a la autoridad son algunos de los delitos considerados como perturbaciones graves contra la seguridad ciudadana. El 1 de julio de 2015 entraba en vigor una de las leyes más controvertidas que se han aprobado en España, la denominada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «Ley Mordaza», que establece multas de 100 a 600.000 euros. Tres años después, las normas aprobadas por el PP han dejado un balance de 18.596 multas interpuestas a los ciudadanos de la provincia de Alicante por un valor que supera los 10 millones de euros, lo que se traduce en una recaudación diaria de unos 11.000 euros.
La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía de toda España con más expedientes abiertos, según las estadísticas de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Desde julio de 2015 hasta diciembre de 2017, la Comunidad aumentó un 170% el número de multas, un porcentaje similar al registrado en la provincia de Alicante, donde en 2015 se abrieron 3.844 expedientes, en 2016 un total de 4.239, mientras que en 2017 hubo un significativo aumento, alcanzando las 10.512 multas.
Las voces en contra de esta medida han recorrido durante estos años las calles en decenas de ciudades y han sido cientos de miles las personas las que han denunciado que es una medida represiva que coarta la libertad de expresión. Esta reforma no ha dejado indiferente a nadie y ha cosechado críticas de los partidos de la oposición, de organizaciones en defensa de los derechos humanos y de plataformas ecologistas. Entre los motivos para decir «no», argumentan que criminaliza la protesta social y que habilita a la policía para el ejercicio de poderes que superan lo razonable en cuanto a inspección, retención, investigación, represión y sanción, mediante la penalización de ciertas conductas. Por contra, los argumentos que esgrime el PP se fundamentan en la intención de garantizar «la seguridad y la libertad» de todos los ciudadanos.
La Comunidad Valenciana ocupa el segundo puesto en el ranking a nivel nacional con cuantías que rozan los 30 millones de euros y pasando de 4,3 millones de euros en 2015 a 17 millones en 2017.
La infracción más habitual es la droga, tanto en la Comunidad como en Alicante, donde la tenencia o consumo de estupefacientes ha alcalzado los 13.278 delitos, frente a los 2.677 de los hechos tipificados como seguridad ciudadana y los 2.640 por multas relacionadas con armas y explosivos.
Un total de 44 delitos
Además de prohibir las manifestaciones frente al Congreso, la Ley Mordaza, con un total de 44 delitos, también castiga los escraches, la quema de contenedores y la desobediencia o la resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes. Varios policías de la provincia consultados por este medio aseguran que el delito que más se repite en esta zona es el consumo o la tenencia ilícita de drogas en lugares públicos, pese a no estar destinada al tráfico. También es frecuente el consumo de alcohol en circunstancias que perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Los agentes -que prefieren no dar sus nombres para mantener su intimidad- admiten que estos casos han aumentado significativamente en los últimos dos años y medio, aunque también reconocen que ahora hay muchos más instrumentos para detectarlos.
Para el concejal del PSOE en Alicante, Fernando Marcos, conseguir derechos y libertades, sobre todo libertades «nos costó muchísimo a los españoles», criticando al PP por «no temblarle el pulso» a la hora de intentar solucionar el repunte de las llamadas «conductas antisociales». Según afirma el exconcejal de Seguridad Ciudadana, «los populares no dudaron en aplicar su ideología ultraconservadora facultando a la Policía con poderes desproporcionados para retener, inspeccionar y reprimir, con el fin de controlar e impedir manifestaciones, reuniones y actos de protesta que no resulten convenientes». En su opinión, los dirigentes del PP «se apoyan en la imposición de multas preventivas, totalmente desproporcionadas». El edil manifiesta que se trata de una ley que «nos acerca peligrosamente a otras épocas y que establece un modelo que criminaliza el no estar de acuerdo con lo establecido, como ocurrió en la dictadura de Franco». Fernando Marcos muestra su deseo de que la Ley Mordaza sea pronto «parte del pasado» y que «no se vuelva a cometer el error de ir contra los derechos básicos como la intimidad y sobre todo la libertad».
En cuanto a los datos de todo el país, el informe aportado por el Ministerio de Interior desvela la interposición de más de 515.000 denuncias por un importe que supera los 267 millones de euros. En el primer puesto de la lista por incumplimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana está Andalucía, seguida de la Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y Galicia. En último lugar del ranking se encuentra el País Vasco.
