La investigación que desde el pasado mayo está llevando la Fiscalía Anticorrupción en Alicante para determinar si se compró la voluntad de la edil Nerea Belmonte, la ex de Guanyar que con su voto en blanco provocó el cambio de Alcaldía del PSOE al PP, podría acabar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La participación de José Muñoz, secretario de Organización del PSPV y diputado autonómico, en los contactos con la concejala tránsfuga previos al pleno en el que el popular Luis Barcala resultó elegido alcalde imposibilita al fiscal Anticorrupción Felipe Briones tomarle declaración como investigado, como ya ha hecho con otro de los asistentes a estas reuniones, el exdirigente socialista Ángel Franco. La condición de aforado de Muñoz obliga a Briones a inhibirse a favor del TSJ o, en su defecto, a citarle en calidad de testigo.
Tras la declaración de Belmonte y de su amiga y asesora Elsa Martínez, quienes involucraron a Franco en el supuesto intento de compra del voto para que apoyara a la candidata socialista, afirmación que el exsenador desmintió ante fiscal, por la Fiscalía podrían comenzar a desfilar en breve los asistentes a estos encuentros con Belmonte.
Al fiscal le consta que además de Franco, Muñoz y Eva Montesinos, la candidata a la Alcaldía, por parte del PSOE asistieron a estas reuniones el secretario local del partido, Miguel Millana, el secretario de relaciones institucionales, Carlos Bielsa, y el concejal en Ayuntamiento de Alicante Carlos Giménez. Todos excepto Muñoz pueden ser citados como investigados por Briones sin ningún problema. No así el secretario de Organización, aforado por su condición de diputado autonómico.
Esta investigación comenzó después de que Belmonte asegurara en el primer pleno de Barcala como alcalde que «desde la izquierda» le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros para que apoyara a la candidata socialista, lo que al final no hizo. Dos ciudadanos, entre ellos el exdirigente vecinal José Luis Valdés, llevaron las palabras de la edil a la Fiscalía.
En paralelo, el teniente fiscal José Llor lleva otra investigación sobre las circunstancias que rodearon la contratación como personal de confianza del grupo municipal del PP de Miguel Ángel Redondo. La oposición en pleno denunció que el fichaje del asesor, quien fue despedido al mes tras desvelar este diario que estaba asistiendo a la edil tránsfuga, se podía interpretar en realidad como un pago de los populares a Belmonte por su apoyo para que Barcala fuera alcalde.
