Debía ser una realidad para el primer trimestre de 2018, pero el interventor del Ayuntamiento de Alicante ha echado el freno. El proyecto de «Transporte a la demanda», fraguado durante el gobierno del tripartito, pretende comunicar las pedanías con el centro de la ciudad y San Vicente del Raspeig mediante un servicio de taxis compartidos, una conexión que venían pidiendo los vecinos de las partidas desde hace años. Sin embargo, con todos los cabos atados y sobre la mesa, el técnico del Consistorio ha emitido un informe en el que rechaza la pronta puesta en marcha del plan y aplaza el inicio para hacerlo coincidir con la nueva concesión de transportes de la ciudad.
El PSOE, estando en el gobierno, había movido la última ficha en relación a este proyecto hasta que se han conocido los reparos que pone ahora el técnico municipal. Una vez diseñado el plan, se debía buscar la manera de llevarlo a cabo. «Los trayectos son propiedad de la concesión de transporte interurbano, y este tipo de transporte es competencia de la Conselleria», explica Fernando Marcos, el concejal socialista que dirigía entonces la Concejalía de Movilidad.
En noviembre de 2017, la Conselleria de Infraestructuras y Transportes daba luz verde al Ayuntamiento de Alicante para poner en marcha el proyecto, pero entonces surgía la necesidad de dar un nuevo paso. «El interventor nos dijo que la empresa que tenía que ofrecer el servicio era nuestra empresa concesionaria de transportes, que es Masatusa (Vectalia)», explica el exresponsable de Movilidad, aunque los recorridos estaban en manos de la concesionaria de las líneas interurbanas que gestiona el Consell, Automóviles Alcoyana S.A. «Lo que tenía que aceptar Masatusa era subcontratar el servicio a Alcoyana, y la empresa aceptó», asegura Marcos. «Ahí es hasta donde llegamos nosotros», añade.
Esperar al nuevo pliego
Ahora el proyecto no verá la luz, en un principio, hasta que se incluya en el próximo pliego y pase a asumir el proyecto la empresa que tome el mando de la concesión de transportes a partir de julio de 2019, tal y como hizo saber un informe del interventor emitido hace alrededor de un mes y medio, según indican fuentes del Ayuntamiento.
«El interventor elaboró un informe poniendo reparos e indicando que, para lo que queda de concesión, consideraba que había que esperar e incluir el proyecto en el nuevo pliego», explicaron fuentes del actual equipo de gobierno del PP.
La formación que encabeza Luis Barcala en Alicante ya ha elaborado un contrainforme para que se pueda sacar adelante la idea lo antes posible. «Estamos a la espera de una respuesta», apuntaron los populares.
Si finalmente sale adelante este plan, los más de 7.000 alicantinos que habitan los núcleos poblacionales de La Alcoraya, Bacarot, Cañada del Fenollar, Fontcalent, Moralet, Pla de la Vallonga, Rebolledo, Tángel y Verdegás dejarán de ser presos del vehículo privado para desplazarse, y pasarán a estar comunicados con Alicante y San Vicente del Raspeig, lo que supone un antes y un después en la vida de numerosos vecinos que vienen reclamando históricamente el derecho y la necesidad de implantar un sistema de estas características en las partidas rurales. «Los vecinos conocen el contratiempo que ha habido y piden que se resuelva inmediatamente», aseguró Marcos.
Definido por una serie de horarios, rutas y paradas propuestas por las diferentes asociaciones de vecinos de las partidas, el servicio se incluye dentro del sistema TAM y tiene un coste anual, ya incluido en una partida del presupuesto, de 600.000 euros para las arcas municipales, lo que supone un ahorro superior al millón y medio de euros respecto al gasto que conllevaría prestar el servicio mediante el sistema de autobuses a través de la implantación de nuevas líneas.
El coste de cada «carrera» será idéntico al precio de un billete de autobús (1,45 euros) y más adelante se podrán pagar los servicios a través de los actuales bonos de transporte, como el «Bono Oro», el «Bono Jove» o el «Bono Ruta 4/30». Los taxis, que podrán ser compartidos por distintos usuarios, deberán ser solicitados con una antelación mínima de una hora.
