La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Terriorio, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha asignado durante el mes de septiembre 15 viviendas de protección pública (VPP) en alquiler asequible en la provincia de Alicante, aplicando los nuevos criterios sociales para el acceso a este tipo de vivienda.

La consellera de Vivienda, María José Salvador ha explicado que desde la Generalitat "se trabaja intensamente para implantar una política de vivienda que atienda la situación real de las familias y actúe sobre las causas concretas que dificultan el acceso a un hogar". Al mismo tiempo ha asegurado que su principal objetivo es facilitar este acceso a las diferentes capas de la sociedad, "haciendo especial hincapié en aquellas que tienen que hacer frente a situaciones más complicadas", como son los casos que recogen los nuevos criterios sociales.

Ya son 73 el total de viviendas de la provincia de Alicante que se han asignado tras la resolución del 16 de junio de 2017, que prioriza el acceso a VPP a colectivos como víctimas de violencia de género; personas afectadas por un desahucio derivado de una ejecución hipotecaria o por impago de cuotas de alquiler; discapacitados con un grado reconocido; familias con menores a su cargo; menores de 35 años; familias para las que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad, entre otras.

Alicante es el municipio en el que se han llevado a cabo más asignaciones, con un total de diez. Todas ellas corresponden a la promoción PAU 2. EVha gestiona en esos bloques 108 viviendas en alquiler, de las que la mitad están arrendadas de régimen general y la otra mitad se reserva a gente joven, menor de 35 años.

Desde la aprobación de los criterios sociales, en PAU 2 se han cedido 34 viviendas. "La fórmula de la vivienda protegida se ha convertido en un modelo prioritario y necesario para dar respuesta a un segmento considerable de la población", ha destacado Salvador.

A Alicante le sigue Benidorm, donde se han firmado cuatro contratos de alquiler asequible. Dos de estas viviendas se destinan a personas mayores y otras dos a jóvenes. Los nuevos criterios sociales de acceso a las VPP se priorizan estos dos colectivos, ya que, en el caso de los menores de 35 años, se considera que la precariedad del mercado laboral dificulta su acceso a una vivienda. Castalla es otro de los municipios en los que se ha asignado otra vivienda, en este caso también destinada a personas mayores.