La Fiscalía de Alicante ha archivado, por no ver indicios de delito, la denuncia presentada por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Alicante por la adjudicación de una contrata, la de mantenimiento de zonas verdes en las escuelas infantiles, a un exasesor del PP, Jorge Crespo. El Ministerio Público valora el hecho de que el servicio, estimado en 40.000 euros, salió a concurso cuando todavía el PP no estaba gobernando.

Sin embargo, y aunque se considera en el archivo que existen irregularidades, tal y como denunció el PSPV, por una infracción en la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, el fiscal estima que éstas deberían resolverse por la vía administrativa.

El Ministerio Público reconoce que la denunciante, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Eva Montesinos, tiene razón en que el exasesor del PP, adscrito al área de Infraestructuras, poseía una participación del 25% en la empresa «Avanza Seveis Integrals de la Terreta», adjudicataria del contrato, y que ese porcentaje infringe la ley de Incompatibilidades de las Administraciones Públicas, que reduce al 10% la participación. El fiscal aclara a Montesinos que esta circunstancia podría tener consecuencias de tipo administrativo pero no es por sí sola constitutiva de una infracción penal. Crespo presentó su renuncia al saltar el escándalo de la presunta incompatibilidad tras desvelarlo el grupo municipal de Ciudadanos.

«El PSOE todavía no ha decidido si va a continuar con este proceso en el contencioso administrativo. Para nosotros, lo verdaderamente grave es la imagen que da el Ayuntamiento con asesores que tienen contratos municipales o trabajan para tránsfugas con sueldo público. Produce sonrojo escuchar al señor Barcala hablar de la judicialización de la política, parece que ya se le ha olvidado cómo consiguió ser alcalde, afortunadamente a los alicantinos no se les ha olvidado», dijo la portavoz socialista al conocer la decisión del fiscal. Por su parte, el alcalde, el popular Luis Barcala, manifestó su satisfacción por el archivo de la causa y acusó al PSOE de judicializar la vida política trasladándola del Salón de Plenos a la sala de interrogatorios de la Fiscalía.