La pobreza energética sigue siendo una realidad presente en los hogares de la provincia de Alicante. Más en momentos como el actual, con los precios de la electricidad disparados en el mercado mayorista y la factura de la luz por las nubes. El pasado miércoles alcanzó un nuevo máximo anual, con una media para el día de 75,93 euros por megavatio hora (Mwh), según datos del operador del mercado ibérico (OMIE).
Más de 183.000 hogares en la provincia no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ayuntamientos y organizaciones sociales siguen paliando esta pobreza energética con ayudas para que las familias puedan afrontar el pago de los recibos energéticos.
En Cruz Roja, por ejemplo, durante 2017 y lo que llevamos de 2018 ha proporcionado más de 1.550 ayudas, beneficiando a 988 familias en situación de dificultad. En el Ayuntamiento de Alicante, en lo que llevamos de año, se han dado 91 ayudas por valor de 24.547 euros. En cuanto al bono social eléctrico, creado por el Gobierno en 2009 y que permite un descuento sobre la factura de la electricidad a los sectores más vulnerables, actualmente hay 124.136 hogares acogidos al mismo.
Empresas y consumidores saludan la decisión del Gobierno de suspender el impuesto a la generación eléctrica para rebajar la factura de la luz. Una medida que supondría una reducción en el recibo de entre el 2,5% y el 4% para el consumidor doméstico y de entre el 5% y el 5,5% para el industrial, lo que "ayudará a las empresas a mejorar la competitividad y la internacionalización", según señalaba Luis Rodríguez, secretario general de Fempa, la patronal metalúrgica provincial, un sector donde los costes energéticos "son muy intensivos".
Por su parte, los consumidores, aunque valoran positivamente la decisión, la consideran más como "un gesto, ya que no tendría una gran repercusión económica en el recibo, apenas un euro o un euro y medio", subrayaba Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores (Avacu).
En ambos casos, se califica como un «paso adelante», aunque creen que son necesarias más medidas para «dar una solución definitiva al problema energético», añadían desde Avacu.
El gasto de la energía tiene un gran peso en el coste anual de productividad para cualquier empresa. En algunos casos puede representar el 20% del total, «pero para algunas compañías o sectores el porcentaje puede ser más importante aún», advertía Luis Rodríguez, quien añadía que el sector industrial hacía tiempo que venía demandando medidas que abaraten estos costes, «dado que son un factor clave de competitividad», insistía.
No obstante, también consideraba necesario que desde el Gobierno se implanten medidas que acaben con la «disparidad» actual de costes dentro del territorio nacional y que exista «una equiparación para que todos seamos competitivos por igual», destacaba el representante del sector metalúrgico, aludiendo a zonas como el País Vasco, donde la factura eléctrica «resulta inferior, por lo que hay una diferencia competitiva negativa para nuestra industria», señalaba Rodríguez.
Los consumidores también reclaman a la Administración «más gestos» que conduzcan no solo a abaratar el recibo de la luz, sino a dar una solución definitiva al problema de la energía. Desde Avacu se aboga por una reducción del Impuesto sobre el valor Añadido (IVA).
«Una presión fiscal del 21% para un suministro básico como es la electricidad no es lo más idóneo» incide Fernando Móner, quien también plantea la constitución de una Mesa de la Energía en la que estén representados los consumidores. Un espacio donde «se analice en profundidad la factura de la luz. Los conceptos que la conforman y cuáles son necesarios y cuáles no. Pagamos el recibo, por ejemplo de 100 euros, pero no sabemos realmente por qué pagamos esa cuantía. Y esa es una tarea de transparencia que debe hacer el Gobierno y supondría una gran reforma», subrayaba Móner.
La decisión del Gobierno ha llegado en un momento en que los precios de la electricidad en España se están disparando. Este verano ha sido un periodo de continuos récord en los precios eléctricos, llegando en agosto a registrarse el cuarto incremento interanual consecutivo, con un aumento del 11% de la factura de la luz en el conjunto estatal.
Los últimos datos oficiales en el ámbito de la Comunidad, correspondientes a julio, revelan que el consumo eléctrico estimado superó los dos millones de megavatios hora (MWh), que representan un mínimo descenso del 0,7% con relación al mismo mes del pasado año, aunque en la variación intertrimestral y en lo que va de años significó un aumento del 9,1% y del 1,4%, respectivamente, según los datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE).
Sin embargo, en lo que se refiere al uso doméstico, el consumo de los hogares ha experimentado fuertes subidas. En julio creció un 4,9% con relación a un año antes y en lo que va de año, un 2,3%. Pero es en la comparativa con junio cuando los datos de consumo se disparan hasta casi 23%.
Una parte muy importante del consumo de energía eléctrica en la Comunidad lo acapara el sector servicios (hostelería, transporte, agua, residuos...). El pasado mes de julio, representó más del 37% del total, seguido de la industria, con un 29,5% y a mayor distancia la actividad de la agricultura y pesca, cuyo gasto supuso el 3,3% del total. Por su parte, el consumo de los hogares alcanzó el 28,3% en la Comunidad. Un peso muy similar al del sector industrial.
