La Junta de Gobierno aprobó ayer la primera modificación del convenio entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Residuos de la Vega Baja, que permitirá que Alicante vuelva a ingresar dinero por las toneladas de basuras que recibe de municipios del sur de la provincia.
El consorcio acumula una deuda próxima al millón de euros tras sumar meses sin pagar las facturas. El concejal de Limpieza, el popular Israel Cortés, que ayer ejerció de portavoz del equipo de gobierno ante la ausencia de Mari Carmen de España, explicó que el Ayuntamiento ya se ha puesto al día en cuanto a la emisión de facturas y ahora falta que los municipios de la Vega Baja sigan pagando la deuda acumulada durante los últimos meses.
Además, la Junta de Gobierno aprobó ayer un convenio de colaboración entre la Generalitat, que supondrá en la práctica una subvención de unos 190.000 euros para actuaciones en la planta de tratamiento de residuos de Alicante.
Negociación fiscal
Por otro lado, el gobierno municipal liderado por Luis Barcala dio ayer luz verde, con carácter de urgencia, a la modificación inicial de cuatro ordenanzas fiscales, en concreto a la relativas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto de obras.
A partir de ahora, se abre un período de seis días para la presentación de alegaciones, que se abordarán en la próxima Comisión de Hacienda, prevista para el 1 de octubre. A continuación, será el pleno el que vote la propuesta definitiva, en la que el PP, que está en minoría en la Corporación (8 de 29 concejales), tiene previsto incluir propuestas llegadas desde los grupos de la oposición y los tránsfugas.
El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, aseguró ayer que «es la hora de bajar los impuestos en la ciudad con una perspectiva de lo sucedido en los últimos diez años, planteando una reforma responsable, meditada, para devolver a los ciudadanos el esfuerzo realizado durante los años de crisis».
La reducción de impuestos impulsada por el gobierno (centrada en una bajada del 5% del IBI), que debe contar con el aval de la oposición, se negocia después de que el Ayuntamiento saldara la deuda relativa al Plan de Ajuste (la avalada por el Gobierno central), cuya cancelación definitiva está a expensas del Ministerio de Hacienda.
Según el edil Castillo, las arcas municipales pasarán en un año de arrastrar una deuda total de 76 millones de euros (diciembre de 2017) a dejarla en 17 millones de euros (finales de este año).
Respecto a la prevista bajada fiscal, el grupo municipal socialistas, que se «borró» de la ronda de negociaciones promovida por la Concejalía de Hacienda con la oposición, anunció ayer que en sus alegaciones propondrá una «rebaja del IBI a aquellos inmuebles que se destinen a alquiler de larga estancia».
El precio de los alquileres en los últimos años, explicó ayer la portavoz Eva Montesinos, «ha aumentado de forma considerable como consecuencia, entre otros factores, del creciente número de inmuebles que se destinan a alquiler turístico».
