Los transportistas de la provincia rechazan el peaje obligatorio impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Corredor Mediterráneo y exigen a la administración que cubra al 100% el incremento del coste de los trayectos que ello supone. Desde el pasado 2 de septiembre, loscamiones con cuatro ejes o más tienen prohibido circular por la carretera N-340 en las provincias de Barcelona y Tarragona y en el norte de Castellón, y deben desviarse de manera forzosa por la autopista AP-7. El objetivo de la medida es que la ausencia de tráfico pesado en la Nacional contribuya a mejorar la seguridad vial de varios tramos de esta carretera que hoy por hoy tienen una siniestralidad alta.
En concreto, los camiones que circulan hacia Cataluña y Francia deben utilizar de manera obligada la AP-7 desde Peñíscola (Castellón) hasta l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona). En esta última localidad comienza un tramo de autovía gratuita que finaliza nada más pasar la capital tarraconsense, donde el tráfico pesado se desvía otra vez a la AP-7 hasta Vilafranca del Penedès (Barcelona). Estas restricciones, junto con la que se ha aprobado ahora para la carretera N-240 en Lleida y Tarragona, se suman a las que ya existían en la N-II en Girona y en la N-340 en el entorno más próximo a Castellón. En la práctica, a partir de ahora el tráfico pesado no puede circular por la carretera convencional paralela a la AP-7 en tramos donde no hay una alternativa gratuita a la autopista de prestaciones similares, desde Peñíscola hasta la frontera francesa.
En las zonas afectadas se exigía la iniciativa de manera reiterada ante el elevado tráfico pesado que soportaba la N-340 y la siniestralidad que presentaba la vía; no es casual que esté prohibido adelantar a lo largo de casi 40 kilómetros de la carretera en la provincia de Tarragona. Por ello, allí la medida ha sido más que bien recibida. El problema es que la contrapartida la pagan los transportistas que realizan la ruta del Corredor Mediterráneo, que tienen que asumir los costes del peaje con el consiguiente incremento de los gastos propios de cada trayecto. El Gobierno ha aprobado una bonificación general de las tarifas del 42,53%, que asciende al 50% para los que realizan trayectos internos en los distintos tramos afectados, pero el resto corre a cuenta del usuario.
Mazazo
Los profesionales del sector han rechazado de pleno la medida. El secretario general de la Federación Provincial de Transportes de Alicante (Fetrama), Francisco Ortiz, la califica de «mazazo» y lamenta que «parece que todo el mundo olvida que éste es un sector estratégico». El responsable cree que «se entiende el desvío» de los camiones por la autopista por razones de seguridad vial, pero hace hincapié en que «lo normal» sería que la administración «subvencione al 100%» el peaje, ya que «nos está obligando a asumir un sobrecoste».
Desde ahora, realizar en camión el trayecto Alicante-Barcelona implica un coste añadido de 13,15 euros por trayecto, utilizando la autopista únicamente en los tramos en que es obligatorio. Eso sí, en la práctica, teniendo en cuenta que en las zonas más próximas a la capital catalana el volumen de tráfico ya de por sí aconseja el uso de la AP-7 aun sin restricción de por medio, el gasto en peaje para ese mismo trayecto puede situarse en 26 euros. Y si el viaje es hacia otro país europeo, sólo hasta la frontera el desembolso puede ascender a 55,30 euros. A esto aún habría que añadir que los camiones no van a poder acceder -al menos con la misma facilidad que hasta ahora- a las gasolineras y los restaurantes ubicados junto a la N-340 en los tramos afectados, y que el precio de estos servicios en la autopista es por lo general mayor.
Ortiz insiste en que «no dan la posibilidad de elegir» a los transportistas si quieren ir o no por la autopista, por lo que insiste en la exigencia de que se les sufrague el importe íntegro del peaje en esos tramos. Desde el sector se considera que se trata de «una Euroviñeta encubierta», en alusión al canon existente en otros países para el transporte. La patronal nacional tiene previsto reunirse a corto plazo con el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico, aunque el responsable de la federación alicantina no se muestra optimista al respecto, ya que la anterior cita «no fue muy satisfactoria».
En ese encuentro exigirán que se les costee el peaje; de lo contrario no descartan realizar movilizaciones a medio o largo plazo, porque «no estamos dispuestos a tolerar esto».
El secretario general de Fetrama recalca que a esto se añaden otros factores coyunturales, como la subida del precio de los carburantes o el descenso de la actividad en los últimos meses. En suma, más costes ante un horizonte incierto en el plano económico. Mientras tanto, critica, desde la administración se lanza la «falacia» de que el veto a los camiones en la N-340 es para paliar la siniestralidad de la carretera.
Seguridad vial sin «negocio»
Desde el lado de la defensa de la seguridad vial, la obligación a los camiones de circular por la AP-7 se considera positiva, pero se critica con dureza que sea a costa del bolsillo de los camioneros. Antonio Ángel Pertusa, portavoz de la asociación Stop Accidentes en la provincia, cree que «lo lógico sería que el tráfico pesado fuera por la autopista de manera gratuita», al estársele forzando a ir por esta vía. El responsable hace hincapié en que «no puede ser» que los transportistas afronten ese coste, y que «la seguridad vial no es un negocio». E incide en que si hay problemas de siniestralidad en la N-340 debe también actuarse sobre la propia vía, porque la obligación de la administración «es eliminar puntos negros, no limitarse únicamente a señalizarlos».
