15 de septiembre de 2018
15.09.2018

Fiscalía avala la destitución del jefe de Seguridad puesto a dedo por Echávarri

El Ministerio Público archiva la denuncia del inspector Maroto por posible prevaricación administrativa del edil de Seguridad

14.09.2018 | 22:53

La Fiscalía Provincial ha archivado las diligencias previas de investigación abiertas a raíz de la denuncia presentada por el inspector Diego Maroto, que llevó ante el Ministerio Público su destitución el pasado abril como jefe de Seguridad tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante. Maroto, que fue el hombre fuerte del socialista Gabriel Echávarri en la Concejalía de Seguridad, fue apartado de su cargo tras la llegada del PP a la Alcaldía.

La decisión del ahora concejal de Seguridad, el popular José Ramón González, ha acabado ante la Fiscalía Provincial, tras la denuncia presentada por Maroto, quien sostenía en su escrito de denuncia que su cese era una «idea preconcebida como consecuencia de su amistad con Echávarri». El inspector de la Policía Local, que estuvo al frente del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad hasta finales del pasado mes de abril, consideraba en su denuncia que el despido era una «decisión arbitraria» que podría incurrir en el delito de «prevaricación administrativa».

Sin embargo, el escrito de Fiscalía, firmado por el fiscal José Llor, argumenta que el cargo que ocupaba Maroto era de libre designación, por lo que puede ser cesado «con carácter discrecional». El fiscal señala que, una vez que el órgano administrativo (es decir, la Concejalía de Seguridad) que acordó la destitución era competente para hacerlo, «sobra cualquier otra motivación del por qué se ha producido esa falta de confianza». Y es que Maroto, en su texto de denuncia, hizo hincapié en que el concejal había tomado posesión de su cargo el 24 de abril y que sólo tres días después, el 27 de abril, firmó su destitución como jefe del Departamento Jurídico Administrativo de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, alegando «pérdida de confianza». Maroto defendía que, en ese breve periodo de tiempo, el edil «no había tenido tiempo de evaluar su actividad profesional».

El escrito de la Fiscalía Provincial subraya que ante su decisión de archivar las diligencias de investigación no cabe ningún recurso. El denunciante, el inspector de la Policía Diego Maroto, cuenta ahora con la vía judicial si quiere proseguir en su defensa del cargo de confianza que ocupó durante la Alcaldía de Echávarri y del que fue apartado tras la investidura de Luis Barcala como nuevo regidor.

El concejal de Seguridad, el popular José Ramón González, descartó ayer valorar la decisión de la Fiscalía Provincial de Alicante.

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