El jefe de Gabinete de Alcaldía, Vicente López, y el concejal de Infraestructuras, el popular Israel Cortés, han testificado hoy durante más de dos horas ante dos fiscales José Llor y Felipe Briones dentro en la investigación abierta por el contrato de un exasesor del PP afín a Nerea Belmonte, quien con su voto en blanco en el pleno de investidura permitió la vuelva al poder del PP después de tres años de gobiernos de la izquierda.

Ni Vicente López, el primero en ser citado, ni el edil Cortés han querido realizar declaraciones a los medios de comunicación tras abandonar la sede del Ministerio Público ubicada en la Audiencia Provincial, frente al Ayuntamiento de Alicante.

El jefe de Gabinete ha sido interrogado durante unos 45 minutos, mientras que la comparecencia del edil Cortés se ha prolongado cerca de hora y media. Ambos han llegado, por separado, acompañados por Manuel Villar, abogado y asesor del PP. López ha salido minutos antes de las 11 horas en solitario, mientras el edil ha abandonado el edificio, en torno a las 12.30 horas, junto al jefe de prensa de Alcaldía.

Los testigos debían aclarar hoy ante el teniente fiscal de Alicante, José Llor, y su compañero Felipe Briones, titular de la Fiscalía Anticorrupción, los motivos de la contratación y las labores desempeñadas con posterioridad por el que fuera asesor municipal Miguel Ángel Redondo.

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) denunció el pasado mes de junio el fichaje del asesor al sospechar que fue una contraprestación al voto en blanco de la concejala tránsfuga Nerea Belmonte, con el que el PP alcanzó la Alcaldía de la capital alicantina el pasado mes de abril tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.

Redondo, que fue despedido apenas un mes después tras desvelar este diario sus vínculos con Belmonte, ya compareció ante los citados fiscales hace una semana, también en calidad de testigo. Entonces, el exasesor admitió que había acompañado a Belmonte, expulsada de Guanyar Alacant a principios de 2016, a visitar instituciones como la Policía Local e instituciones sociales de la ciudad, aunque matizó que lo había hecho a iniciativa propia.

Sin embargo, unos días antes hizo unas declaraciones a EFE en las que aseguraba que había cumplido siempre las directrices del jefe de Gabinete de Alcaldía y del concejal de Infraestructuras, a cuyo departamento había sido adscrito. También aseguró, en las mismas declaraciones a EFE, que había recibido órdenes del propio alcalde, Luis Barcala, quien no ha sido por el momento citado a testificar en la investigación abierta en el Ministerio Público.

Redondo, en esas declaraciones, negó haber realizado informes por escrito durante su mes como asesor en el área de Infraestructuras, pese a que Barcala, cuando anunció el cese de su asesor, aseguró que sí había realizado informes.

Este mismo exasesor confirmó en su declaración en Fiscalía que previamente había colaborado con el exsenador socialista Ángel Franco en sus contactos con Nerea Belmonte y un concejal de Ciudadanos (C's), Juanfran Escudero, para que el PSOE retuviera la Alcaldía.

Esos contactos, según su versión, comenzaron el pasado mes de noviembre ante la posible dimisión del anterior alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, doblemente procesado por supuesta prevaricación, que se formalizó en abril de este año.

El supuesto intento de compra de Belmonte para que apoyara a la candidata del PSOE, Eva Montesinos, es objeto de otras pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción por las que ya ha sido citado a declarar el próximo miércoles, en calidad de investigado, el propio Ángel Franco, exsenador y quien controla la agrupación local socialista en los últimos veinte años.