El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha decidido archivar la denuncia presentada por el grupo Compromís sobre las derivaciones de pacientes que hizo entre 2006 y 2013 el entonces jefe del servicio de Neurorradiología Intervencionista del Hospital General de Alicante a la clínica privada Medimar, en la que también trabajaba, para intervenirles de malformación arteriovenosa en el cerebro.
Pese a que estas derivaciones fueron autorizadas por la Conselleria de Sanidad, Compromís aseguraba en su denuncia que quien facturaba a la conselleria no era la clínica privada, sino una empresa administrada por la hija del facultativo.
Briones ha decidido dar carpetazo al tema después de que en dos ocasiones haya pasado por los juzgados y de que en ambas haya sido sobreseído.
La decisión no ha sentado nada bien en el seno de Compromís. La diputada Marian Campello ya ha anunciado que no se van a conformar con el archivo de la causa. «Esta semana estamos inmersos en el debate de política general, pero nuestra intención es poder hablar con el fiscal y estudiar qué cauces seguir a partir de este momento».
La diputada de Compromís sostiene que piensan «agotar todas las vías» con este caso. En este sentido, Campello discrepa de los argumentos de Briones para archivar la denuncia. «En ocasiones anteriores se juzgaron casos aislados de pacientes afectados por esta práctica, pero las pruebas que nosotros presentamos revelan una práctica sistematizada y extendida, algo que no ha sido juzgado».
Según los datos aportados por la coalición en su denuncia, durante siete años fueron remitidos por el propio facultativo al centro privado un total de 86 pacientes. Todo, según explicó en su momento Marian Campello, «pese a que el médico había solicitado y se le había denegado la compatibilidad para trabajar en la clínica privada».
A estos enfermos, según la denuncia de Compromís, «se les ofrecía un tratamiento para embolizar el tumor utilizando un pegamento sanitario denominado Histoacryl para tratar de bloquear el riego sanguíneo a la zona del tumor». A algunos de estos pacientes «se les llegaron a practicar hasta 61 embolizaciones, cuando no se aconseja hacer más de seis».
Según Compromís, «en ningún momento a los enfermos se les aportaban imágenes de las pruebas, sólo se les entregaba un papel diciendo que la malformación se había reducido». Entre los 86 pacientes suman 1.246 intervenciones. «Cada una de ellas ronda los 3.000 euros», dijo la diputada en la rueda de prensa en la que se dio a conocer el caso.
El médico, según precisaron fuentes del Hospital General de Alicante, fue apartado de la actividad asistencial en el año 2013. Según Compromís, sobre él pesa un expediente administrativo que le impide trabajar en la sanidad pública. La coalición sostiene también que ya no ejerce en la privada y que está trabajando en el extranjero.
