La tecnología va más rápido que la normativa. Se está viendo claramente en el ámbito de la movilidad urbana, con disrupciones tecnológicas que obligan a los ayuntamientos a actuar sobre la marcha. Un conflicto poco conocido pero que comienza a generar debate es el de los sistemas de pago mediante móvil en las zonas de estacionamiento regulado de las ciudades, las conocidas como zona azul.
La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana (CDC) acaba de emitir un informe en el que reclama a los ayuntamientos valencianos y a las empresas concesionarias que gestionan estas zonas que no pongan barreras de acceso a las empresas tecnológicas que quieran operar a este mercado.
El dictamen surge como respuesta a una petición de EasyPark, una empresa de origen sueco dedicada a soluciones para mejorar la gestión del tráfico en las ciudades y que tiene presencia en 800 ciudades de 13 países. En este caso, la startup no aspira a de gestionar las zonas azules, sino a ofrecer su app para intermediar en el pago como alternativa a los parquímetros.
La firma señala prácticas obstruccionistas a la libre competencia en 14 ciudades de la Comunidad: Alicante, Benidorm, Castelló, València, Elche, Peñíscola, Segorbe, Vinaròs, Xàtiva, Gandia, Oropesa, Requena, Calp y Alzira. La Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) le da la razón y ha enviado este informe tanto a los ayuntamientos señalados como a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Competencia diferencia dos aspectos. Por un lado, la gestión de una zona de aparcamiento regulado propiamente dicha, que es una competencia local y puede estar controlada bien directamente por una empresa pública o de forma externalizada. Un sistema que ha de incluir una forma de cobro, que tradicionalmente se ha desarrollado a través de los parquímetros donde se insertan monedas.
Frente a esto, Competencia sitúa en otro plano el servicio alternativo de cobro mediante tecnología de aplicación móvil. «Es complementario y diferenciado del servicio público de gestión de las zonas de aparcamiento regulado», por lo que quedaría fuera del ámbito del servicio público y podría ser desarrollado tanto por el gestor de la zona como por otros operadores.
Así, la CDC pide a los ayuntamientos que dé a cualquier operador acceso a la plataforma de datos para prestar este servicio alternativo de cobro. Además, entiende que incluir el pago por móvil en un pliego de condiciones sería una «clara restricción de la competencia».
En los últimos años, la mayoría de empresas concesionarias están sacando su propia aplicación de pago móvil, y para permitir la entrada de operadores tecnológicos les exigen el pago de una comisión, cuando ya cobran un canon de la ciudad por gestionar la recaudación, critica el denunciante.
En otros casos, añaden las mismas fuentes, las empresas dominantes del mercado tras décadas de concesión administrativa se niegan a compartir los datos.
EasyPark, que reconoce que las administraciones se han encontrado con un conflicto nuevo fruto de la llegada de la tecnología, está entablando conversaciones con ayuntamientos de toda España.
