Una mujer, víctima de violencia machista, lleva desde 2010 esperando una vivienda pública en la ciudad de Alicante. Su caso ha sido recogido por el Síndic de Greuges, que insta a la Generalitat Valenciana a que cumpla sus propias leyes y dé una solución a esta mujer.
José Cholbi recuerda a la Conselleria de Vivienda que la Ley 2/2017 de la Generalitat por la función social de la vivienda prevé un sistema de ayudas al alquiler en caso de que no se pueda adjudicar una vivienda por insuficiencia del parque público de la Generalitat. La citada norma establece que en el plazo de seis meses se debe dar una respuesta a quien solicita una vivienda. Transcurrido este tiempo «se entenderá otorgado el uso de un alojamiento por silencio administrativo». La conselleria, continúa la norma, deberá, en tal caso, «indicar de manera inmediata y con la mayor diligencia posible un alojamiento concreto, evitando en todo caso la concentración y segregación espacial de los solicitantes y garantizando la cohesión social del espacio urbano».
Según ha podido comprobar este periódico, como esta hay al menos otras dos quejas recientes al Defensor del Pueblo valenciano.
En la documentación remitida por la Conselleria de Vivienda al Síndic para la tramitación de esta queja se señala que en el municipio de Alicante «no existe disponibilidad de vivienda para la iniciación de un nuevo procedimiento de adjudicación».
En su resolución, el Síndic de Greuges recuerda que la autora de la queja «es una persona víctima de violencia de género que lleva casi 8 años esperando la adjudicación de una vivienda de protección pública que nunca llega». En este sentido, Cholbi hace referencia a la Ley de Violencia de Género, en la que se establece que las mujeres víctimas de violencia de género «serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a las viviendas protegidas».
La falta de viviendas públicas y en concreto para las víctimas de violencia de género es algo que sufren día a día los trabajadoras sociales. «Se dan casos de mujeres que viven de okupas porque no tienen otra salida debido a la falta de viviendas públicas», señala Virginia Tovar, trabajadora social del Ayuntamiento de Novelda. Tovar critica además los requisitos exigidos para poder acceder a las ayudas para el alquiler de una vivienda. «Exigen un contrato de alquiler y justificantes bancarios. Las familias en una situación más vulnerable, que en muchos casos viven en casas okupadas, no pueden cumplir estas exigencias».
Cerca de 3.100 personas en la provincia de Alicante están a la espera de que se les conceda una vivienda en régimen de alquiler social, según datos facilitados por la Conselleria de Vivienda. De ellas 1.212 personas viven en la ciudad de Alicante.
En la ciudad de Alicante el problema de la vivienda es especialmente grave, sobre todo en la Zona Norte. Centenares de pisos han sido desalojados en los últimos años por el impago de las hipotecas, quedando su propiedad en manos de los bancos, que en muy pocas ocasiones los recuperan para destinarlos a un alquiler social. Así las cosas, en el último año ha surgido en la ciudad una auténtica red de ocupación ilegal de casas. Pisos que se ocupan y después se realquilan a familias que, bien por desconocimiento o porque no tienen otra salida, pagan a mafias para después convertirse en víctimas de un desahucio. La policía les echa tras la denuncia del banco propietario del piso y en pocos días la vivienda vuelve a estar ocupada de manera irregular.
