Durante el periodo estival, el gobierno municipal liderado por el popular Luis Barcala fue aplazando retos políticos para septiembre. Con el regreso a las aulas, y a los despachos en el caso de la corporación municipal, el tiempo empieza a correr en contra del ejecutivo local, que como el resto de grupos políticos ya tiene la mente en la próxima cita electoral, prevista para el 26 de mayo.
Entre las cuestiones que están sobre la mesa, pendientes de resolverse, destacan la elaboración de una nueva Ordenanza del Ruido, un compromiso que Barcala hizo público ante los vecinos durante el pleno extraordinario celebrado a mediados de agosto en el que se aprobó un control «light» de los locales de ocio en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo. El actual documento data de 1991. También está prevista una nueva ordenación de veladores con el objetivo de mejorar la convivencia entre vecinos y locales.
Respecto a la regulación del ocio en la ciudad, el gobierno municipal también adquirió la obligación pública de erradicar el consumo de alcohol en las calles, con especial atención en la plaza del 25 de mayo, dentro del popular «tardeo». Con todo, el botellón en la ciudad no sólo se limita los sábados a mediodía a espaldas del Mercado, sino que se produce en otros puntos del término municipal y durante más fechas en el calendario. El ejecutivo del PP anunció que acabaría con la práctica de beber alcohol en la calle, obviamente al margen del consumo en los veladores con licencia.
También está sobre la mesa, según anunciaron desde el gobierno liderado por Barcala llevar a cabo dos regulaciones de prácticas que se han disparado en los últimos tiempos, como es el uso de patinetes eléctricos y el alquiler de apartamentos turísticos. El concejal de Tráfico aseguró a mediados de agosto que se ordenaría el uso de unos dispositivos que han cambiado la imagen de la ciudad. «Vamos a establecer claramente por dónde deben ir y estamos viendo como lo han regulado en otras ciudades donde este problema ha surgido antes», señaló el concejal José Ramón González. En la misma línea, la edil de Urbanismo y Vivienda, Mari Carmen de España, anunció a finales de agosto que se desarrollaría una ordenanza para establecer una normativa concreta sobre el uso de viviendas destinadas a alquileres turísticos.
Otro de los frentes que tiene abierto el ejecutivo del PP, que llegó al poder el pasado mes de abril tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri y gracias al voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar), es el relativo a la limpieza. Está previsto que se lleve a cabo un informe de gestión externo sobre un polémico servicio, que lleva años estando en el centro de los ataques entre gobierno y oposición.
Entre los retos inmediatos del ejecutivo de Barcala también debería encontrarse la contratación de un gerente para el Patronato de Turismo, ya que el órgano lleva desde hace casi un año (octubre de 2017) sin un responsable al frente tras la marcha de Agustín Grau. Tras dos concursos fallidos, el puesto sigue vacante. La edil De España, responsable de Turismo y de Urbanismo, debe tramitar por otro lado el Catálogo de Protecciones, que se quedó pendiente durante el mandato del tripartito. El compromiso de Barcala es público. Además, si el gobierno local del PP quiere, como asegura desde el principio, aprobar un nuevo presupuesto para el próximo año electoral debe centrarse ya en el objetivo. El tiempo se echa encima: para el 26-M, faltan ocho meses.
