Más de un año y medio después del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala el caso se puede quedar sin el acusador público que lo ha llevado desde su inicio.
El teniente fiscal José Llor, encargado de la causa desde que el 9 de noviembre de 2016 María del Carmen Martínez recibiera dos disparos en la cabeza en un establecimiento de automoción propiedad de la familia que regentaba uno de sus yernos, y único sospechoso de su muerte, ha solicitado el traslado al Tribunal Supremo.
La petición se estudiará en el primer Consejo Fiscal de este curso que se celebrará en las próximas semanas (donde también se decidirá la jefatura de Elche), y tiene muchas posibilidades de ser atendida dados los requisitos que reúne Llor, quien ha planteado ocupar de forma interina la plaza que ha dejado libre su compañero Manuel Dols tras ser nombrado secretario de Estado de Justicia.
Segundo intento
No es la primera vez que el número dos de la Fiscalía de Alicante intenta un cambio de destino motivado por motivos familiares. Hace unos meses ya optó a la jefatura de la Fiscalía de Valladolid, lo que no fue posible y donde se eligió finalmente a Soledad Martín Nájera.
De consumarse el cambio otro fiscal tendrá que asumir un caso, el del crimen de María del Carmen Martínez, que se encuentra sólo a expensas de una diligencia (el análisis de la información que se haya localizado en los dispositivos móviles del sospechoso) para que la instrucción se cierre. Una decisión a la que seguirá, de así determinarlo el magistrado, la formulación de los escrito de acusación.
Con todo, el nuevo acusador público no estará solo. Junto a él se encuentra Francisco Ruiz Marco, el letrado que ejerce la acusación particular en nombre del primogénito de la víctima y que coincide con el Ministerio Público en apuntar a Miguel López, yerno de la fallecida, como único responsable de su muerte.
Existe otra acusación particular en representación de otras dos de las tres hijas de la víctima (la mujer de sospechoso no se ha personado), que ha mantenido una actuación de perfil bajo a lo largo de todo el proceso y que exime a López de toda responsbilidad.
Hace apenas un mes el instructor del proceso, el magistrado José Luis de la Fuente, desestimó la petición del abogado Javier Sánchez-Vera, defensor de Miguel López, de cerrar la investigación. El letrado denunciaba que se había vulnerado la cadena de custodia de los dispositivos móviles de su cliente durante su estancia en dependencias policiales, por lo que consideraba «superfluo» esperar al resultado de ese estudio y solicitaba el cierre de la instrucción para preparar un escrito en el que va a pedir el sobreseimiento de la causa para López.
El juez le respondió que no se apreciaba nada de lo alegado por el letrado y consideraba la petición «una justificación ex post facto del cambio de posición procesal de la defensa» al negarse a facilitar las claves de seguridad para acceder a la nube de los citados dispositivos.
No obstante, el Ministerio del Interior cuenta con un novedoso programa que ha permitido desencriptar el iPhone y la tablet del sospechoso, algo que todavía no había podido hacer a pesar de contar con la clave de inicio facilitada por el propio Miguel López a requerimiento del juzgado.
El instructor consideraba «contradictorias y tardías» las objeciones de la defensa de López ya que siempre había estado presente en todas las comparecencias que se han celebrado con esa pericial informática, argumentó.
