La tierra se mueve, pero los municipios no. La provincia de Alicante, uno de los territorios con un riesgo sísmico más acentuado del país, sufrió el martes el mayor terremoto de los últimos 58 años, con epicentro entre Crevillent y Albatera y una magnitud en la escala de Richter de 4,3.

El seísmo no causó daños materiales ni víctimas, pero sí desató una oleada de nerviosismo e incluso miedo en buena parte de la población. No ha sido, además, el único susto en las comarcas alicantinas en lo que va de año: entre el 26 de julio y el 2 de agosto se registraron seis temblores de menor trascendencia en la Marina Alta que, sin embargo, también fueron percibidos por los vecinos.

Pues bien, pese a esta tesitura, hay un dato frío e incontestable que supone un bofetón a la prevención: ningún ayuntamiento de la provincia cuenta con planes de emergencia para hacer frente a terremotos pese a estar obligados por ley, tal y como lo determina el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Generalitat Valenciana, una estrategia global frente a estas contingencias diseñado en 2011 y revisado por última vez en 2015.

Tampoco se ha elaborado ninguna documentación similar en localidad alguna de la provincia de Valencia, según confirma la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat. INFORMACIÓN ya informó en el año 2016 sobre las carencias de planes de emergencias en este sentido.

Esos planes específicos para cada población son obligatorios en 327 términos municipales de la Comunidad Valenciana, de los que 136 pertenecen a la provincia de Alicante y 191 a la de Valencia. En todos ellos son previsibles seísmos de intensidad igual o superior al grado VII (EMS), para un periodo de retorno de 500 años.

Y, ¿qué efectos reales tendría esa clasificación para la ciudadanía? El grado VII en la escala macrosísmica europea está considerado como «dañino»: cuando se produce «la mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior, los muebles se desplazan y los objetos caen de las estanterías en notable cantidad». Además, «muchos edificios corrientes sufren daños moderados como pequeñas grietas en las paredes, o derrumbe parcial de chimeneas».

En este sentido, las cinco poblaciones con mayor riesgo de peligrosidad sísmica -de 9,5- de la provincia, en ese periodo de retorno de medio siglo, se concentran en la Vega Baja: Torrevieja, Rojales, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura. A continuación, con una intensidad de 9 grados, además de otras poblaciones destacadas de esa comarca como Orihuela, ya se hallan dos núcleos del Baix Vinalopó, Elche y Crevillent. En cuanto al resto de grandes capitales de la provincia, Alcoy, Alicante y Villena alcanzan un riesgo de 8 y Benidorm, Dénia y Elda, de 7,5.

Objetos que caen

Pero es que incluso existen localidades con menor exposición a las oscilaciones de la corteza terrestre donde también se recomienda, aunque ya sin obligaciones, la planificación ante el riesgo sísmico. Se trata de 76 términos de la Comunidad (5 en Alicante) ubicados en la zona donde son previsibles seísmos de intensidad entre el grado VI y VII (EMS). En el caso de Alicante se aglutinan todos en la Marina Alta.

Sin embargo, llama la atención que dos de ellos -Benissa y Calp- registraran este verano temblores que sí fueron detectados por sus residentes. Este grado VI o «levemente dañino» posee las siguientes consecuencias: «Es sentido por la mayoría de los habitantes en los interiores de las viviendas y por muchos en el exterior; en los inmuebles muchas personas se asustan y escapan, y los objetos pequeños caen». Y pueden producir «daño ligero en los edificios corrientes: grietas en el enlucido y caída de trozos».

Si bien los expertos matizan que fenómenos como el acaecido esta pasada semana en Albatera no tienen porqué ser premonitorios de una catástrofe, el plan de la Generalitat sí considera que «la peligrosidad sísmica es máxima en la provincia de Alicante», a diferencia de lo que sucede en Valencia (peligrosidad media) o en Castellón, donde este índice es de «poca relevancia».

Por eso, «todos los municipios de la provincia pueden verse involucrados» por este fenómeno y por eso son tan importantes esos planes que ahora no hay: porque esas localidades pueden formar parte de «áreas de actuación afectadas por un terremoto» o bien erigirse como solidarias «zonas suministradoras de recursos materiales y humanos necesarios para atender una emergencia» en una latitud más o menos próxima.

Los planes municipales deberían servir para organizar cuerpos de seguridad y entidades sociales cuando se produce un terremoto, delimitar las áreas más afectadas, localizar esos recursos para hacer frente a la emergencia e informar a la población.

Son cuestiones que sólo pueden hacer los ayuntamientos. Además, por otra causa: el factor hasta ahora analizado, el de peligrosidad sísmica, depende sólo de la localización del emplazamiento afectado por el seísmo; pero existe otro índice denominado riesgo sísmico, que «es la probabilidad de que las consecuencias sociales o económicas producidas por un terremoto excedan valores predeterminados, para un área geográfica dada».

Es decir, que la vulnerabilidad ante estos sucesos y las pérdidas causadas ya no sólo dependen de en qué lugar del mapa se halla un pueblo sino también «de sus características constructivas y socioeconómicas».

Y eso sólo lo saben las propias poblaciones. Sí que es cierto que gracias a la «norma de construcción sismoresistente», los edificios que se alzado en los últimos años cuentan con eficaces medidas de prevención contra los seísmos. Pero no es suficiente.

Un problema añadido es que los municipios no reciben ningún tipo de ayuda para poder realizar sus planes antisísmicos porque la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat entiende que ya cuentan con una red de técnicos y funcionarios para hacerlos. Este organismo sí que presta su ayuda a los municipios de menos de 5.000 habitantes, ya que no tienen todos los medios.

La cuestión preocupa. No en balde, Torrevieja será sede en noviembre de un gran simulacro de actuación ante un terremoto en el que intervendrán, entre otros, la Agencia de Seguridad de la Generalitat, la Unidad Militar de Emergencias, Bomberos o la Subdelegación de Gobierno. Se espera que no haga falta usarlo un día de verdad. Pero es una posibilidad.