Ha trabajado durante cuatro meses con los alumnos de Educación Especial del colegio Tomàs Llàcer de Alcoy y en todo este tiempo no ha recibido ni un euro de la Conselleria de Educación. Tras asignarle la plaza el pasado 8 de marzo, Educación se dirige por escrito al cabo de dos meses a esta profesora de Secundaria, licenciada en Psicología por la Universitat de València, para requerirle un certificado de capacitación pedagógica que desde la dirección territorial de Alicante se echa de menos a posteriori.
La afectada, Noelia Ríos, relata que hizo llegar «de nuevo» a la conselleria la correspondiente certificación firmada por la Universitat de València, a cargo de la secretaria de la Facultad de Psicología, Florencia Rodrigo.
La primera vez que certificó la citada capacitación para impartir clase, Noelia entregó a Educación un certificado firmado por la propia decana de la citada facultad en abril de 2016, Dolores Sancerni, en cuyo escrito se hace constar que la formación adquirida por esta interina «aporta la formación pedagógica y didáctica requerida por la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo, LOE, para el ingreso en los cuerpos de profesores de Secundaria y de Profesor Técnico de Formación Profesional».
Esta misma documentación es la que la profesora entrega también en su día en Cataluña, donde trabajó «sin ningún problema y cobrando cada mes» como interina de Secundaria, desde septiembre de 2017 hasta que en marzo de este año le llaman de la Conselleria de Educación para la plaza de Alcoy y decide dejar su puesto en la autonomía catalana.
En Cataluña interpretan la LOE «de forma favorable para las licenciaturas en Psicología con formación pedagógica y docente anterior a los estudios de grado». Los docentes que se encuentran en esta situación, como es el caso de esta interina, tal y como también suscriben desde la Universitat de València, «están exceptuados de la exigencia de cursar el máster de profesorado de Secundaria».
Sin embargo, desde el departamento de Marzà no lo perciben así. Pese a que adjudican la plaza a Noelia y se le nombra funcionaria interina del cuerpo de profesores de Secundaria, especialidad Orientación Educativa, al cabo de dos meses y tras revisar la documentación se le hace saber que «no aporta la formación pedagógica establecida en el artículo 9 del Real Decreto 1834/2008». Esta norma faculta a las autonomías a requerir «otras titulaciones que considere», y Educación le exige a Noelia el máster de Secundaria.
Cese
La misma dirección territorial de Alicante que le nombró en su día, solicita al cabo de dos meses la revisión de oficio de dicho nombramiento por entender que su titulación «es insuficiente para impartir Orientación Educativa», y pasan otros dos meses hasta que desde el departamento de Marzà se le cesa sin haberle pagado ninguna mensualidad, pese a haber estado trabajando. Educación considera ahora su nombramiento como «acto nulo de pleno derecho», y le aboca a recurrir.
