La decisión de la juez de elevar al Tribunal Supremo el «caso máster» del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reactivado la polémica sobre la forma de entregar los títulos de másteres en las universidades. El desfile por los juzgados de profesores y alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, donde Casado obtuvo el diploma del máster en Derecho Autonómico y Local, el mismo que le costó el puesto a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, pone de nuevo bajo el foco al sistema universitario español.
En las universidades de la provincia existe preocupación por cuanto estos casos pueden dañar la imagen de los 109 másteres oficiales que entre las dos, Universidad de Alicante (UA) y Universidad Miguel Hernández (UMH), ofrecen en sus aulas. Concretamente 58 en el campus de San Vicente y 51 en el ilicitano en las que ofertan un total de 4.882 plazas.
Tras los escándalos de políticos a los que presuntamente se les ha «regalado» el título, conviene distinguir que hay dos tipos de máster. Los habilitantes o profesionalizantes, que son los que tras la entrada en vigor del Plan Bolonia se exigen para poder ejercer la carrera, como son el Máster en Abogacía, el de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y el de varias titulaciones técnicas como puede ser el de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Y los másteres de investigación, necesarios si el alumno quiere continuar con sus estudios de doctorado o si simplemente desea especializarse en algún campo concreto. Para superarlos hay que cursar 60 créditos y aprobar el Trabajo Fin de Máster. Todos ellos pasan el visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca), pero son las propias universidades las que se encargan de su control.
En el caso de la UA, a través de las comisiones académicas de máster de cada facultad. Y, por otra parte, están los títulos propios que cada universidad decide impartir, a los que mucha gente llama máster, pero que técnicamente no lo son.
El precio de los másteres de las universidades públicas están regulados y oscilan entre los 900 y 2.400 euros, mientras que los títulos propios pueden ser más caros.
La vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la UA, Amparo Navarro, se muestra cauta al opinar sobre el «caso máster» de Casado porque el proceso judicial sigue abierto, por lo que «hay que esperar para conocer si realmente se ha producido alguna irregularidad».
Admite que son situaciones «muy desagradables» pero asegura que la inmensa mayoría de los funcionarios de las universidades públicas son «honrados» y que las instituciones están sometidas a controles que acreditan al profesorado, los grados, los doctorados y los másteres. Aunque eso sí, «siempre se puede dar una situación excepcional», pero «como puede darse en cualquier otra etapa de los estudios y no por eso vamos a dejar de estudiar». De hecho, Navarro no cree que estos casos vayan a frenar la matrícula de los estudiantes.
Por su parte, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, considera «muy lamentable» que por «hechos aislados» se «arrastre» el prestigio de la universidad española. En este sentido recuerda que en España las universidades vienen funcionando desde hace 800 años, con Salamanca a la cabeza, y que se han entregado decenas de miles de títulos sin ninguna incidencia como la de estos políticos.
En el caso de la Universidad de Elche, la vicerrectora asegura que aplican unas medidas absolutamente rigurosas en cuanto a controles de seguridad para que no se den este tipo de casos. «No se puede poner en entredicho a la universidad española por hechos puntuales» añade, al tiempo que recuerda que cada universidad se ha labrado su propio prestigio.
