En un barrio obrero y residencial como Carolinas, carente de iconos para el turismo y alejado de la fachada litoral de Alicante, afloran cada vez más pisos turísticos, viviendas que sus propietarios alquilan a visitantes que cambian cada pocos días, despertando el recelo de los vecinos, y causando temor e inseguridad entre quienes llevan toda la vida viviendo en un edificio.

Son síntomas de turismofobia, un fenómeno que ha dibujado sus episodios más radicales en Barcelona, con protestas y ataques contra los turistas. Mientras los vecinos instan a las autoridades a poner coto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recurrido las normativas sobre viviendas turísticas con las que Madrid, Bilbao y San Sebastián pretendían regular este sector al entender que perjudican a los consumidores. Por su parte, el Gobierno quiere abordar en septiembre con las comunidades autónomas la regulación del alquiler vacacional, con la premisa de crear un registro único de pisos turísticos.

El alojamiento vacacional evoluciona rápido. Ya no es exclusivo de las zonas próximas a la playa y se extiende por los barrios en una realidad que se está dando en la mayoría de ciudades costeras de la provincia, no solo en Alicante, también ocurre en La Vila, Santa Pola o Torrevieja. Así lo corrobora el Colegio de Administradores de Fincas, que cada vez recibe más quejas de ciudadanos por el ruido, la suciedad, el abuso de los espacios comunes y el paso de personas extrañas a todas horas.

Da igual que el arrendador sea un particular o una empresa, que se trate de alojamiento sumergido que dispara los precios o que las viviendas estén inscritas en el registro de pisos turísticos de la Generalitat: la presencia constante de desconocidos en la escalera provoca desconfianza.

Los administradores de fincas reciben a diario llamadas de vecinos que sufren las molestias de los pisos turísticos. «Hay quejas y también desconocimiento porque muchos residentes piensan que el alquiler turístico está prohibido y no es así, el que no se permite es el clandestino. La economía de la costa alicantina se basa en el alquiler vacacional pero hay que canalizarlo, regularizarlo y llevarlo a sus justos términos», afirma el presidente de la entidad colegial, Augusto Soler.

Conchi Bañón es una alicantina con más de 70 años vecina de la calle San Benito, situada entre Padre Esplá y San Mateo, en Carolinas, que desde hace algo menos de un año «sufre» el alquiler turístico del piso que está encima del suyo. «Todas las semanas pasan cuatro o cinco personas diferentes, hay ruido de maletas arrastrando, suben y bajan constantemente, portazo viene, portazo va y la cerradura está rota. Eso me molesta pero como no es de ellos la casa, les da igual», afirma.

«Estuvieron cuatro chicos, y algunos se fueron de juerga y se dejaron las llaves. Vinieron a las cinco de la mañana y empezaron a tocarme el timbre para que abriera el portal. Procuro no abrir la puerta a nadie así que me tiraron a la ventana un hueso de melocotón. Si se agranda la cosa, me va a sentar muy mal». Lo dice porque, en el portal contiguo al suyo, hay otro piso turístico y teme que el fenómeno vaya a más.

A esta vecina le han arrojado colillas a sus macetas pero lo que más le molesta es que pidió el teléfono de contacto del propietario a la mujer que enseña el piso y le dieron un número desconectado. «Me sentó muy mal porque, ¿y si se dejan un grifo abierto, qué hago yo? Aparte de que hay que llamarles para las reuniones de la comunidad». Su hija, que intentó convencerla para que presentara una queja en el Ayuntamiento, explicó que los anteriores propietarios vendieron el piso a ciudadanos rusos, que lo arreglaron para alquilarlo.

En el otro lado están los propietarios de pisos turísticos, algunos de los cuales ingresan hasta 6.000 euros al mes. Rosa es dueña de seis, que gestiona a través de una empresa familiar, alquilándolos todo el año por un mínimo de 15 días. De ellos, tres están en el centro de Alicante, dos en Calp, uno en la Albufereta y otro en la Playa de San Juan.

Y todos los tiene inscritos en la Generalitat como vivienda vacacional y figuran en el registro de huéspedes de la Policía y la Guardia Civil para el control del terrorismo. «Apartamentos turísticos ha habido toda la vida y hay clientes para todo. Hay quien prefiere un hotel y quien opta por una casa por comodidad, como las familias con niños», afirma Rosa, quien apuesta por especializarse.

«Cualquiera no puede poner un piso turístico, son muchas cosas. Hay que darle al huésped un poco de calidad. Muchos de los que se están apuntando al carro ahora no durarán mucho». Ella alquilaba ya hace diez años a través de una agencia sus pisos en Calp y hace tres décadas era habitual ver en la estación de Madrid a personas que ofrecían viviendas a los turistas, y no sólo en zona de playa, también en los barrios de Alicante. También hay quien prueba, como Andrés, que alquila un piso en la Playa de San Juan cobrando 60 euros al día para cuatro personas. De momento no lo ha dado de alta, aunque asegura que lo hará si funciona.

Ahora los alquileres turísticos se prolongan todo el año gracias a los vuelos baratos y la venta por internet. Aparte de que «los propietarios han visto la enorme rentabilidad que pueden sacar», explican desde el Colegio de Administradores de Fincas. Esta entidad, junto con la Conselleria de Turismo, ha editado una guía sobre las obligaciones que debe cumplir el propietario de una vivienda que se ofrece como alquiler turístico en caso de que sus inquilinos no cumplan con las normas de convivencia o causen daños.

«Si hay molestias, a quien se requiere es al propietario, además de que en el caso de los alquileres temporales muchos son extranjeros o no se les puede encontrar», explica Augusto Soler, representante de los administradores de fincas. La ley, sin embargo, no dice nada sobre que por lucrarse de una vivienda haya que pagar más cuota de comunidad.

También los ayuntamientos intentan regular las viviendas vacacionales. El de Alicante, que prepara una ordenanza, retomará en septiembre las reuniones iniciadas con la Asociación de Hoteleros y con la de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca. Una de las iniciativas pasa por crear un protocolo para filtrar las quejas de vecinos por mala convivencia en colaboración con la Policía Local.