n Hasta 5.000 trabajadores de las escuelas infantiles privadas, homologadas por la Conselleria de Educación para impartir enseñanza a niños de 0 a 3 años en la Comunidad, ven peligrar sus empleos a consecuencia del progresivo incremento en paralelo de plazas para niños de dos años en colegios y escuelas infantiles públicas.
Lo que para la conselleria que dirige Marzà supone todo un logro, porque sostienen que las investigaciones científicas avalan que el inicio de la escolarización temprana implica el logro académico posterior y, por lo mismo, reduce el fracaso escolar, para el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, Fsie, supone un ataque en todo regla a los trabajadores de los centros privados.
Fsie reclama al Consell la «protección y el compromiso de mantener a los 5.000 profesionales que trabajan en las escuelas infantiles», frente a lo que considera que «podría ocultar un despido masivo en diferido porque compromete los puestos de trabajo de la red privada de escuelas infantiles de iniciativa social que ya prestan un servicio de calidad a la sociedad pese a que la actual administración autonómica no lo reconoce», lamentan
Los delegados sindicales abogan por evitar un gasto público añadido. «El principio de eficiencia en el gasto público obliga a la administración a gastar de forma coherente el dinero de todos, sin duplicar gastos. En este caso se podrían financiar puestos escolares actualmente existentes en las escuelas infantiles de iniciativa social ya constituidas», afirman.
Los trabajadores, en su mayoría «mujeres, viven desde hace meses en un clima de inseguridad e inestabilidad. Temen perder su trabajo y que la situación incremente la precariedad laboral». Para evitarlo, Fsie pide las mismas becas para niños en todos los centros.
