Francisco Grau, el que fuera asesor fiscal de Eduardo Zaplana, ha abandonado esta semana el centro penitenciario de Picassent, donde se encontraba desde que la jueza del caso Erial decretara su ingreso en prisión. Tal y como había solicitado la defensa del detenido, Grau ha sido trasladado ahora a la cárcel de Fontcalent, en Alicante, según ha podido conocer este diario.
De madrugada y a finales del mes de mayo, Grau ingresaba en Picassent con prisión incondicional y sin fianza, como había acordado la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València, Isabel Rodríguez Guerola, quien investiga los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación en el conocido como caso Erial, que afecta principalmente a políticos y sus familiares.
Dos meses después, a petición del abogado del encarcelado, la jueza que instruye el caso ha autorizado el traslado de Grau al centro penitenciario de Fontcalent, en Alicante, ciudad donde se encuentra tanto su domicilio particular como su despacho profesional.
Francisco Grau es economista y exsecretario del consejo de administración de la CAM, cargo que ostentó desde 1998 hasta 2007. Luego pasó a ser miembro de su comisión de control hasta la intervención de la entidad bancaria. Los motivos que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a pedir su prisión y a la jueza a acordarla, no han trascendido, pero son medidas que en estos casos se suelen aplicar ante la gravedad de los hechos para evitar el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas valiosas para la investigación.
Grau era también el representante de la CAM en el consejo de Terra Mítica y en la actualidad se encuentra procesado en la causa que investiga la Audiencia Nacional de los negocios de la CAM en el Caribe con los empresarios Juan Ferri y José Baldó.
La situación de Zaplana
La defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, también en prisión provisional en la cárcel de Picassent desde el pasado 24 de mayo por el caso Erial, ha pedido por cuarta vez su libertad o un arresto domiciliario por la gravedad y el empeoramiento de su salud.
El médico del hospital La Fe de València que lo trata desde su trasplante de médula en 2015, ha elaborado un informe que solicita un cambio de las condiciones del expresidente autonómico al entender que su vida corre peligro.
