n El problema de la ocupación ilegal de la vivienda se extiende en Alicante. La asociación Stop Desahucios ya denunció el problema a principios de año y aseguran que «nadie hace nada y las mafias campan a sus anchas». Hasta el punto de que las mafias empezaron a ocupar pisos en la zona norte para despues realquilarlas, pero ya tienen constancia de que la misma situación se repite en Carolinas e incluso en el centro de la ciudad. «En el centro sabemos que hay al menos dos edificios nuevos que pertenecen a bancos en los que se ha instalado gente de manera irregular», indicaron desde la asociación.

«Nosotros no tenemos capacidad para frenarlo, ya hemos hecho lo que podíamos y lo hemos denunciado. Ahora son otros los que tienen que tomar medidas», consideraron en Stop Desahucios. Y lamentaron que «hay bancos que están vendiendo paquetes de viviendas muy baratos a fondos buitre que después volverán a revenderse»

Los últimos datos del INE hablan de 209.000 viviendas vacías en la provincia, lo que porcentualmente nos sitúa en lo alto del ranking estatal, pero desde Provia indicaron que esa cifra se ha rebajado sustancialmente.

Por otra parte, la portavoz de Territorio y Medio Ambiente del grupo popular en Les Corts, Elisa Díaz, denunció ayer que la ocupación ilegal de viviendas se ha duplicado en tres años, lo que muestra, a su juicio, el «fracaso» de las políticas de vivienda del Consell. Según los datos aportados por la diputada «Alicante ciudad tiene tantas viviendas del parque público de la Generalitat habitadas ilegalmente como la provincia de Valencia entera, unas 230. En total, son cerca de 730 las viviendas ocupadas en toda la Comunidad; en la provincia de Alicante, más de 460», detalló.

Díaz compareció junto al concejal de Infraestructuras, Israel Cortés, y ambos calificaron de «auténtico fracaso» la Ley por la Función Social de la Vivienda, a la que se refirieron como «Ley Frankenstein». «El tripartito dedicó su primer año y medio de gobierno a una ley que, como ya advertimos, no aplicarían porque no tenían presupuesto suficiente y porque el Tribunal Constitucional acabaría anulando alguno de sus artículos». Díaz denunció que «desconocemos qué criterios se están llevando a cabo para adjudicar la vivienda social, si son los que existían antes o los creados con la ley, lo que ha generado dos listas paralelas de peticiones de vivienda social».