Tras su abrupto cierre hace más de un mes y medio, las sedes y oficinas de iDental volvieron ayer a abrir sus puertas ante los 19 registros ordenados por la Audiencia Nacional en toda España. El objetivo de los agentes era tanto buscar indicios del presunto fraude cometido por la mercantil, así como recuperar los historiales clínicos de los miles de pacientes que habían quedado abandonadas en las instalaciones desde entonces.
La consellera de Sanidad, Ana Barceló, realizó el anuncio de la recuperación de los historiales tras reunirse con los afectados por el cierre de iDental en la Comunidad Valenciana. Inspectores de esta conselleria acompañaron a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en los cinco registros efectuados en la Comunidad: Alicante, Elche, València, Alfafar y Betxí (Castellón). Estos inspectores tenían encomendada la custodias de los expedientes recuperados. La información se va a clasificar y remitir a sus respectivas provincias para que cada paciente tenga acceso a sus historiales sin tener que desplazarse a Valencia; mientras que la información una vez clasificada se remitirá a la Audiencia Nacional para la investigación.
El registro en la sede de iDental en Alicante se prolongó durante más de cuatro horas, donde los agentes, acompañados de los técnicos de Conselleria y de una comisión judicial, se llevaron varias cajas con información, ordenadores, servidores informáticos y otros materiales.
Los registros fueron ordenados por el juzgado Central de Instrucción cinco de la Audiencia Nacional para la investigación de presuntos delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
La investigación se basa en la actividad desarrollado por i Dental, cuyo objeto era la prestación de servicios odontológicos mediante un gran número de clínicas dentales repartidad por todo el país. De manera paralela, la empresa había venido desarrollando un sistema de financiación de los tratamientos a través de distintas plataformas bancarias para sus pacientes. De este modo, el dinero del tratamiento se cobró por adelantado pero los tratamientos quedaron incompletos. El dinero abonado está aún por cuantificar pero los tratamientos se fueron interrumpiendo y las clínicas se fueron cerrando de forma paulatina.
La Audiencia investiga también si los pacientes eran atendidos por personal no cualificado o con bajo perfil profesional y si se empleaba material de baja calidad, según informó ayer la Dirección General de la Policía en un comunicado.
