La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, niega haber firmado cuando era edil de Urbanismo prórroga alguna de la licencia de obra mayor urbanística en un chalet con infracciones, procedimiento que un vecino ha llevado a los tribunales. El decreto de concesión de prórroga de licencia de obra mayor aparece firmado por la actual edil de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.
Montesinos admite que estando ella como concejala de Urbanismo (llevó la Concejalía cinco meses) le llegó la solicitud de prórroga pero "no la firmé porque había una sentencia firme de restauración de la legalidad urbanística. No iba a darles una prórroga con una sentencia firme de por medio", ha dicho esta mañana. "No firmé, se firmó posteriormente". Esto es que defenderá, ha dicho, cuando sea citada por el juzgado. Al respecto ha dicho estar tranquila y ha manifestado su respeto a la justicia.
Y es que la justicia ha dado el tercer varapalo al exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y de paso ha salpicado a la actual portavoz del PSOE, Eva Montesinos, a quien también va a investigar por conceder licencia a un chalet construido con irregularidades. El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha admitido a trámite la querella contra ellos por un presunto delito de prevaricación administrativa. Según el vecino que ha interpuesto la denuncia, el Ayuntamiento, tal y como lo dispuso una sentencia firme, debería haber impedido el suministro de agua y luz, anular el vado concedido y practicar anotación en el registro de la propiedad en una casa levantada con infracciones urbanísticas.
Los hechos se remontan a 17 años atrás en los que han tenido lugar diferentes pleitos con sentencias favorables a la legalidad urbanística. Fue el pasado mes de marzo cuando un ciudadano interpuso una querella criminal por considerar hechos constitutivos de los delitos de prevaricación y desobediencia a Echávarri, quien era alcalde en ese momento, Montesinos, concejala de Urbanismo y al jefe técnico de los servicios urbanísticos. Según el denunciante, en el año 1997 su vecino colindante solicitó del Ayuntamiento de Alicante licencia de obras para edificar un chalet-vivienda de dos alturas. El demandante apreció ya en fase de construcción de la estructura del chalet una elevación inusual del techo del sótano, generando una planta más del edificio y en consecuencia una altura que afectaba a sus vistas. Después de numerosas solicitudes y quejas se declaró que la obra había incumplido la legalidad por exceso de altura y se ordenaba «restaurar el orden jurídico conculcado, ajustando la edificación a la licencia otorgada».
El propietario del chalet, que desde el día siguiente a la terminación de la obra y por tanto desde hace más de 17 años mantiene su vivienda en este inmueble -según el querellante- sin licencia de ocupación, alegó que había restaurado la legalidad de la obra tapando con pladur y luego con tierra las paredes y ventanas del sótano en la parte de altura excesiva. Así, solicitó al Ayuntamiento en varias ocasiones licencia de primera ocupación. Todas fueron denegadas. A partir de ese momento, el colindante y perjudicado dirigió al Ayuntamiento de Alicante numerosos escritos pidiendo la adopción de todas las medidas de disciplina urbanística necesarias para resolver la situación, precisando que «resulta una broma que semejante defecto lo quiera arreglar con el maquillaje de corregir el cerco y la tierra circundante del edificio».
Ya con Echávarri como alcalde y pese a las advertencias formuladas en reiteradas ocasiones, el Ayuntamiento dio licencia al presunto infractor para realizar un patio inglés, que había sido rechazado previamente en sentencia, y anunció que iba a conceder la licencia de primera ocupación del inmueble «omitiendo el cumplimiento del deber de restaurar el orden urbanístico conculcado».
El vecino afectado atribuye «este escandaloso comportamiento» al exalcalde, la concejala y al jefe de arquitectos, quienes finalmente acordaron otorgar licencia de primera ocupación al mencionado chalet.
Antecedentes
La Fiscalía Anticorrupción ha investigado al exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por dos presuntos delitos de prevaricación en dos casos diferentes. Por un lado, por el despido de una trabajadora interina cuñada del actual primer edil, Luis Barcala, y también por un fraccionamiento de contratos por más de 144.00 euros desde la concejalía de Comercio para la promoción de las ventas en la pasada campaña navideña.
Quien fuera su concejala de Urbanismo y su mano derecha, también será investigada a partir de ahora en el, hasta el momento, último episodio judicial del serial que consiguió provocar la dimisión del socialista y la investidura de Luis Barcala como alcalde.
