El número de solicitudes de patentes ha caído más de la mitad en sólo un año en la provincia, según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Hasta junio se han registrado 29 cuando en el mismo periodo el año pasado el número ascendió a 63. Pero la provincia no es ni mucho menos un caso aislado, en el cómputo general en España las solicitudes han descendido un 54% al pasar de 1.189 hasta junio de 2017 a las 805 solicitadas este año.

El motivo es el endurecimiento de los requisitos que trajo consigo la nueva ley de patentes, aprobada en abril del año pasado. Ahora todas las solicitudes deben ir acompañadas de una memoria técnica que viene a ser una especie de examen de cara a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y además, las universidades ahora deben pagar el 50% de las tasas, mientras que antes de la entrada en vigor de la ley estaban exentas.

Esta doble circunstancia ha propiciado que en las universidades ahora «apliquemos un filtro mayor», explica el director del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología de la Universidad de Alicante (SGITT), Víctor Pérez.

Las universidades, junto con los centros públicos de investigación son las que más patentes generan en España seguidas de los institutos tecnológicos, las empresas y las personas físicas. De ahí el «bajón», aunque la nueva ley lo que en principio persigue es que suban las de las empresas, que antes pagaban el 100% de las tasas y ahora el 50%. «Habrá que esperar unos años para poder hacer balance y ver si las públicas se recuperan y aumentan las de iniciativa privada», indica Pérez.

Aún así, la provincia ha mantenido «el tipo» y se sitúa como la sexta provincia que más solicitudes presenta, ranking que lidera Madrid. De hecho, Alicante supera a algunas comunidades autónomas enteras como Castilla La Mancha (21) y Castila León (24).

El objetivo es que las patentes sean de mejor calidad, lo que después facilita licenciarla, es decir, que una empresa la compre y la explote generando unos beneficios que revierten en el sistema productivo, en la universidad y en el grupo de investigadores o investigador que la haya alumbrado.

La patente protege el producto, el procedimiento y sus aplicaciones en el mercado durante 20 años y de media se tarda entre dos y tres años para saber si está concedida, aunque algunas pueden alargarse más de cinco años. A la UA el año pasado le concedieron 24 y dispone de una cartera de unas 200.

«Lo primero que miramos es si la patente tendrá futuro en forma de licencia y si puede ser útil al entorno socioeconómico. Si vemos que se trata de algo muy interesante también podemos pedir su protección internacional si puede haber multinacionales o empresas extranjeras interesadas, aunque este procedimiento es más costoso», precisa el director de la SGITT.

Tanto la UA como la UMH potencian esta transferencia del conocimiento. En la UA por ejemplo, el Vicerrectorado de Investigación convoca las llamadas «pruebas de concepto» y corre con el 50% de los gastos, mientras que la empresa interesada en probar la tecnología financia la otra mitad para poder probar las innovaciones y luego tiene opción preferente para quedarse con la licencia de la patente.