La protesta de los taxistas en Alicante fue argumento de diatriba política. Desde el equipo de gobierno municipal mostraron su «apoyo a la reivindicación de los taxistas para que se cumpla la legislación vigente», con una licencia por cada 30 taxis que, afirmaron, «puso el PP». En ese sentido, aseguraron que «fue el PSOE y el Gobierno de Zapatero quien nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos», con «la liberalización de las VTC que realizó y la ley que aprobó». No obstante, el edil de Seguridad, Tráfico y Transportes, José Ramón González, señaló que «los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias de la mala gestión del PSOE», a la vez que abogó «por llegar a una solución lo antes posible para evitar la huelga y los paros que se han realizado».
Mientras tanto, desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas, Transportes y Vertebración del Territorio atribuyeron la responsabilidad de la huelga salvaje de taxistas al Gobierno central. Reconocieron que la convocatoria les pilló de sorpresa, pero que «se trata de un problema de ámbito nacional» e instaron al Ejecutivo a que convoque cuanto antes al Consejo Nacional de Transportes. Añadieron que «algunas comunidades autónomas han adoptado algunas iniciativas legislativas en favor de los taxistas que han sido cautelarmente suspendidas por los tribunales».
Sin embargo, desde el ámbito turístico eran evidentes los temores hacia los efectos que esta situación puede tener sobre el sector. El secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, afirmó que le preocupa «en sobremanera» que se produzca una protesta de este calibre «en plena temporada turística», a finales del mes de julio y en fin de semana. A su juicio, se trata de «una situación poco edificante», puesto que, si bien «la lucha contra el intrusismo en cualquier sector es muy legítima», haciéndolo de esta manera, generando de manera colateral perjuicios evidentes al turismo y a otras actividades, «se está perjudicando a la economía que sí tributa, que es legal y que genera empleo». Además, lamentó que esto «tiene un gran efecto sobre la percepción del visitante», por lo que temió que la protesta repercuta de manera muy negativa sobre la imagen de Alicante y del resto de la provincia. Por todo ello, reiteró que «no es un buen momento» para una protesta de estas características, a pesar de que «hay que respetar los argumentos» de los taxistas para movilizarse.
Por su parte, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, explicó que «las cosas deben regularse» y puso como ejemplo el conflicto con los apartamentos turísticos donde los hoteleros han pedido que se regule el tema. «Todo se debe regular» y que «si todos pagan y están legalizados, todos pueden funcionar». También lamentó el «mareo» que causa a los turistas esta situación, «y eso se refleja en quejas». «Está claro que este espectáculo, bueno no es».
También la vicepresidenta segunda de la Asociación de Hostelería de Alicante, Irene Mas, lamentaba los efectos sobre el sector. «Está claro que el derecho a la huelga está ahí, pero se debería tener en cuenta que hay muchos negocios que dependen de estos dos meses de verano».
Servicios mínimos para urgencias
Los profesionales del sector en Alicante respaldaban la protesta. El presidente de Radio Taxi, Nacho Picó -asesor en el anterior gobierno municipal del que fuera edil de Seguridad y Transportes, Fernando Marcos-, señaló que, aunque la huelga iba a comenzar el lunes a las seis de la mañana, «de forma espontánea» decidieron en asamblea «no esperar y comenzar la huelga». «Tenemos que parar también porque el problema afecta a toda España». Su asociación fue la que anunció a última hora que daría servicios mínimos para urgencias sanitarias y personas de movilidad reducida. Picó dijo ser consciente de los perjuicios que se pueden ocasionar, «pero la gente tiene que comprender que defendemos unos derechos que son de todos». Asimismo, aseguró desconocer que se hubieran producido incidentes y recalcó su «condena cualquier episodio de violencia».
Los mismos servicios mínimos habrá en Elche, ya que, según el presidente de la Asociación de Radio Taxi ilicitana, José María Bretones, «no queremos dejar a una persona que de verdad lo necesite sin un taxi». Los profesionales de Elche tomaron a última hora de la tarde de ayer la decisión de sumarse al parón «por la presión recibida». Se establecieron dos bloques para prestar estos servicios mínimos, uno para el aeropuerto y otro para el casco urbano.
