El Consell ha modificado la Ley de Residuos aprobada solo hace un año, en 2017, para eliminar la obligación que tenían las empresas de pagar un canon económico por los vertidos pagar un canon económicoque realizan diariamente en los vertederos, lo que, en opinión de Ecologistas en Acción, hubiera sido una manera de reducir el impacto que produce el vertido de basura en la provincia de Alicante. Finalmente, solo tendrán que pagar el canon las empresas que incineren residuos peligrosos. El resto quedan exentas, tras la firma de una declaración responsable comprometiéndose a una gestión correcta.
La Generalitat ha cambiado, por el procedimiento de lectura única, y sin posibilidad de presentar enmiendas, la Ley 21/2017 a propuesta de Compromís, PSPV-PSOE y Podemos, «en la línea que deseaban los empresarios», según denuncia Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción. Ya no solamente queda exento del impuesto el vertido de residuos municipales, sino que el vertido de los residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, también queda exento. Tan solo hace falta una «declaración responsable» del gestor de la instalación que los trate, o incluso del mismo titular del residuo, que asegure que el residuo no es «susceptible de valorización adicional». Sin ni siquiera un control de la Administración.
Para la incineración y coincineración de residuos también se extienden las exenciones. Queda excluida la incineración del rechazo de los residuos municipales e industriales asimilados, tan abundantes en las ineficientes 13 plantas de tratamiento mecánico biológico. Solamente queda en pie el gravamen a la incineración de residuos peligrosos, sean o no susceptibles de valorización, aunque con sustanciales rebajas respecto a lo aprobado en diciembre de 2017 (bajando de 42 euros por tonelada a 30 euros, y de 35 euros por tonelada a 15 euros, respectivamente).
«Aunque dudamos de su aplicación real en el segundo caso y para la incineración, dadas las condiciones exigidas (que existan instalaciones en la Comunidad Valenciana para su tratamiento alternativo, y en caso de inexistencia quedarán libre del impuesto), que pueden dejar en cero el impuesto», denuncia Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción.
Queda exento de pagar el impuesto el depósito de cualquier residuo no municipal que no sea valorizable con una opción de gestión. Igualmente, queda fuera el depósito de cualquier residuo inerte no municipal, tras haber formado parte de un proceso completo de gestión en unas instalaciones de valorización de residuos legalmente autorizadas y que haya superado su periodo de almacenamiento de residuos y posibles ampliaciones conforme la legislación vigente. Según la nueva disposición, el residuo se considerará no valorizable si no existe un tratamiento alternativo distinto a la valorización energética debidamente instalada y autorizada en la Comunidad Valenciana. En el caso de residuos peligrosos, cuando sean susceptibles de valorización, el canon será 30 euros por tonelada métrica.
Vertederos incontrolados
Un informe de Ecologistas en Acción del País Valencià sobre la gestión de la basura en la provincia de Alicante advierte, por otro lado, del peligroso aumento de vertederos de residuos que generan un impacto cada vez mayor en el entorno donde aparecen. La producción de basura urbana no cesa y una enorme cantidad de los desperdicios acaba abandonada en terrenos no preparados para ello y sin un tratamiento previo. La Comunidad Valenciana cuenta con una tasa media de vertido del 60% (todo ello acaba bajo tierra) y con diez vertederos de residuos urbanos en su territorio, algunos de los cuales suscitan protestas y reivindicaciones por parte de la población que vive en las zonas aledañas. A ello se suman más de 30 escombreras ilegales en zonas poco concurridas, donde particulares y empresas arrojan sus desperdicios para ahorrarse el coste que supone el uso de instalaciones públicas. Además, en verano se incrementará la cantidad de residuos que pasarán a engrosar las cifras y el volumen de los sumideros de El Campello, Villena y Fontcalent.
Carlos Arribas subraya que «los vertederos son una bomba de relojería y un riesgo para la salud pública. Los fluidos y las emanaciones que desprenden contaminan agua, suelo y aire». Según el portavoz de Ecologistas en Acción, «los depósitos con protocolos exhaustivos de vigilancia y mantenimiento pueden evitar, en el mejor de los casos, la salida al exterior de la mitad de los gases».
