Cinco meses después de que trascendiera públicamente que en el despacho de la Concejalía de Urbanismo había aparecido un dispositivo de grabación y escuchas, tal y como destapó INFORMACIÓN el pasado 4 de marzo, ha aparecido el informe policial, que ha sido remitido ya a la Sindicatura en el marco de la investigación que esta institución abrió a raíz del escrito de queja que el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, interpuso contra el Ayuntamiento tras no facilitarle el Gobierno del PSOE los informes sobre el dispositivo detectado en el despacho que había ocupado durante su etapa de dos años como edil de Urbanismo.
El informe recoge los hechos ocurridos a partir del 10 de enero, cuando la entonces edil de Urbanismo, la socialista Eva Montesinos, que había relevado en el área a Pavón tras romperse el tripartito, puso en conocimiento del oficial encargado de la seguridad de Alcaldía los problemas al usar su móvil desde el despacho de Urbanismo.
En el atestado el oficial habla de interferencias y de que se solicitó un barrido de seguridad, por lo que contactó con una empresa de vigilancia, que inspeccionó el despacho el 15 de enero. El experto confirmó un sonido motivado por la detección de algún dispositivo no visible de audio o vídeo y un incremento del ruido en el detector al aproximarse a un mueble al lado de la mesa de la edil de Urbanismo. Prosigue relatando en el informe que debajo del mueble se observó «lo que parece ser un micrófono alimentado con una pila» y que «dicho dispositivo consta de lo que parece ser un micrófono, adherido con silicona a una pila, y recubierto todo con cinta aislante negra». Cuenta que después se dirigieron al despacho del alcalde para hacer otra inspección sin hallar ningún objeto de estas características, quedando el dispositivo en poder del oficial, quien asegura que lo entregó al día siguiente en Alcaldía informando de todo lo acontecido durante la inspección.
El actual alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha remitido a Pavón un escrito que contiene el informe elaborado por la Policía Local, y hace referencia a la queja que éste presentó ante el Síndic al no recibir respuesta de su petición a Echávarri de toda la información del barrido en Urbanismo.
Barcala le explica que el 5 de julio la Sindicatura requirió a la Alcaldía información al respecto de la queja tramitada, de ahí que se procediera a «examinar archivos y registros de Alcaldía, de la Concejalía de Seguridad y de las demás dependencias municipales donde pudiera o debiera haber alguna información sobre este tema, resultando no constar informe o información alguna sobre este asunto». «Ante un hecho tan sorprendente», la Alcaldía preguntó al entonces jefe de seguridad de Echávarri a través del comisario jefe de la Policía Local, resultando, señala Barcala, que elaboró un informe sobre la situación que entregó al entonces alcalde, cuya copia se les ha hecho llegar ahora, remitiéndosela a Pavón y también al Síndic.
