El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, celebró ayer el paso adelante dado por el jefe del Consell, Ximo Puig, para desbloquear el envío de los 6,3 hm³ del Júcar que salven la cosecha hortofrutícola de este verano (producción valorada en 30 millones de euros), pero advirtió de que, de momento, la buena voluntad de Puig no resulta suficiente para detener la ofensiva judicial que los usuarios del agua preparan contra el consejo de administración de la empresa pública Acuamed. En concreto, los servicios jurídicos de la Junta Central estiman en 200 millones de euros el descalabro patrimonial en las tierras de cultivo -52.000 hectáreas-, que están en serio riesgo de desaparición por el bloqueo que sufre el trasvase desde hace cinco años, cuando acabaron las obras para conectar el Azud de la Marquesa, en Cullera, con Villena, tras salvar una elevación de más de 800 metros, lo que dispara los costes.
Además, los regantes han pedido a los alcaldes de Elche, La Romana, Monóvar y Aspe, los municipios más afectados por la falta de agua y la paralización del riego de socorro de 6,3 hm³, que soliciten la declaración de zona catastrófica. Ayer, por otro lado, también reclamaron una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que quieren explicar de primera mano el problema del agua en las comarcas del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baixa, y tratar de convencerle de la necesidad que tiene la provincia de Alicante de mantener los dos trasvases que le traen agua de otras cuencas.
«Por supuesto que valoramos positivamente el gesto que ha tenido el presidente Ximo Puig y se lo agradecemos, pero hasta que no veamos y toquemos el agua no vamos a parar nuestras movilizaciones, porque nos han engañado ya muchas veces. El que el Consell pague una parte del agua es importante, pero no deja de ser un parche. Desde diciembre de 2017, el Ministerio tiene encima de la mesa el convenio de explotación del trasvase, que es el instrumento que debe garantizar la llegada todos los años de 20 hm³. Hemos renunciado a los 80 hm³ iniciales, aceptamos la toma de Cullera. ¿Qué más quieren? Acuamed debe mover ficha», subrayó Andrés Martínez. El presidente de la Junta Central y todos los usuarios y regantes tienen a la empresa estatal en el punto de mira, debido a que es su consejo el que mantiene paralizado el riego de socorro. «Nos consta que en la Dirección General del Agua comparten nuestra desolación. En Acuamed parece que quieran arreglar sus problemas económicos con el dinero de los regantes y no lo vamos a consentir. La culpa de que hoy no llegue el agua del Júcar no es de la provincia de Alicante», aseveró Martínez.
Déficit hídrico estructural
Por su parte, los técnicos que integran la comisión del agua de la Diputación alertan de que los recursos hídricos derivados del ciclo natural del agua propios de la provincia de Alicante (aguas superficiales y aguas subterráneas renovables) son significativamente menores que las necesidades actuales. Existe un grave déficit hídrico que se palia con una explotación insostenible de los recursos subterráneos, y con un uso intensivo de todos los recursos naturales convencionales y no convencionales.
Las estimaciones de este déficit han sido estimadas entre 400 y 600 hm3 al año. La cantidad es relativamente estable desde hace años, pero podría agravarse por una eventual reducción de los recursos naturales de la que comienza a haber indicios significativos derivados del cambio climático. En lo que va de año hidrológico (octubre de 2017 a noviembre de 2018), las lluvias han caído un 40% respecto al año pasado, que ya fue seco.
Por otro lado, el cierre del Júcar-Vinalopó el pasado 5 de este junio, cuando los antiguos rectores del Ministerio de Agricultura sacaron del orden del día del consejo de administración de Acuamed el envío de 6,5 hm³ del Júcar, ha terminado por secar la única zona del embalse regulador de San Diego (Villena), que estaba operativa para distribuir el caudal del Júcar por el postrasvase Júcar-Vinalopó. Seis años se cumplirán el próximo septiembre desde que Aguas del Júcar -hoy integrada en Acuamed- vaciara en 2012 el embalse de San Diego, regulador del agua del Júcar que tenía que llegar a la provincia de Alicante. Se detectaron grietas y fugas, y se optó por cerrarlo y arreglarlo tras haberse gastado cerca de 40 millones de euros. No se ha hecho nada y sólo se activó una pequeña zona para redistribuir agua que ya está seca. Ubicado entre los términos municipales de Font de la Figuera y Villena, era el punto final del Júcar-Vinalopó, tanto si la toma del agua se hiciera en Cortes de Pallás como en la actual de Cullera.
El Instituto Universitario de Geografía de la UA ha advertido en reiteradas ocasiones, no obstante, que el auténtico problema del río Júcar no es que se tenga que trasvasar agua del Júcar a Alicante. El problema es el acuífero de la Mancha Oriental, sobreexplotado, del que en Castilla-La Mancha se extraen todos los años 400 hm³ cuando sólo se disponen, como máximo, de 300 hm³ al año.
