Un juzgado de lo Penal ha absuelto al exjefe de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, Víctor López, acusado de haber beneficiado al empresario Enrique Ortiz en una contrata para la limpieza y mantenimiento del cementerio. El magistrado admite la existencia de irregularidades en el proceso administrativo para la adjudicación del servicio pero descarta que éstas reúnan notas de «arbitrariedad o injusticia» por las que sean constitutivas de delito. El fallo absuelve a un segundo técnico municipal, Diego Agulló, que hizo un informe respaldando los criterios de su compañero. El juez argumenta que dicho estudio no se incorporó al expediente y, por tanto, no pudo influir en la adjudicación final. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia. Los dos técnicos estaban defendidos por el letrado José Manuel Alamán.
Ésta es la segunda absolución del que fuera jefe de Atención Urbana y que en la actualidad está jubilado. La causa arranca de una querella presentada por una de las empresas que en el año 2010 concurrió al concurso público para adjudicar el servicio de limpieza en el cementerio de Alicante, Multiservicios Tritón. Las acusaciones consideraban que se habían usado criterios distintos para valorar las ofertas presentadas por las tres empresas que pujaban por la contrata y que beneficiaron que finalmente el contrato fuera para Ortiz. La Fiscalía Anticorrupción pedía para ambos acusados siete años de inhabilitación por prevaricación.
La contrata salió a concurso con un precio de licitación de 392.000 euros anuales. Las mejoras que introdujeran las empresas que pujaran por el servicio no debían exceder el 2% de este presupuesto. El tope pretendía evitar la presentación de bajas temerarias. El fallo recoge que Enrique Ortiz e Hijos presentó mejoras cuantificadas en 33.498 euros al año y que equivalían al 9,83% del proyecto. Las acusaciones consideraban que el técnico benefició a Ortiz al contabilizar esas mejoras dentro de los gastos generales de la oferta y no exceder ese límite del 2%, lo que determinó que fuera la mejor puntuada.
El magistrado señala en la sentencia que los dos acusados se reafirmaron en sus informes durante el juicio, mientras que los peritos ofrecieron versiones totalmente «discordantes» sobre si el jefe de Atención Urbana podía o no contabilizar las mejoras en los gastos generales. El juez concluye que «se han usado criterios distintos» por el técnico para valorar las ofertas.
«Aunque estimamos existente una irregularidad administrativa, no consideramos que esa legalidad reúna las notas de arbitrariedad e injusticia» necesarios para el delito de prevaricación, argumenta el juez. Informes periciales de la defensa cuyos criterios fueron respaldados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa introducen para el juez una «duda razonable» sobre la entidad de la ilegalidad, así como de «la conciencia del acusado al respecto».
El fallo considera probado que los dos hijos de Víctor López trabajaban desde 2007 en Inusa, aunque incide en que no se han aclarado las fechas de la relación de esta mercantil con Ortiz e Hijos y ese dato tampoco se planteó en el primer recurso ante el Ayuntamiento. López dijo que la entrada de Ortiz en Inusa fue posterior a la contratación de sus hijos.
