Un verano atípico para un mandato algo más que atípico en el Ayuntamiento de Alicante. El gobierno municipal liderado por el popular Luis Barcala se enfrenta a un periodo estival con muchos asuntos sobre la mesa, en el que sus componentes apenas valoran la opción de tener vacaciones al uso. La llegada a la Alcaldía hace apenas tres meses, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri y gracias al voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar), apremia al ejecutivo popular a aprovechar un mandato exiguo en el tiempo, ya que a finales del próximo mes de mayo habrá cita con las urnas, lo que supone que desde principios de año los partidos políticos, y por extensión los grupos municipales, estén ya con la vista puesta en la precampaña electoral. Así, el tiempo urge a un gobierno que tiene sobre la mesa asuntos inaplazables, algunos heredados y otros de cosecha propia.

El primero, según el calendario, centra la atención en la intención de los populares de cancelar el Plan de Ajuste, una herramienta a la que tuvo que recurrir el gobierno de Sonia Castedo en 2012 ante la situación de descontrol de las finanzas municipales. El gobierno de Barcala, como anunció hace un mes, pretende destinar la mayor parte del remanente de tesorería del presupuesto del pasado año (unos 30,5 millones de euros) a liquidar un mecanismo que impone un control férreo sobre las inversiones y, también, en la contratación de personal municipal.

Todo parece indicar que, a finales de este mes, la corporación aprobará la modificación de créditos necesaria para iniciar un proceso que debe contar con el visto bueno definitivo del Ministerio de Hacienda, con quien Barcala negoció la formula para cancelar el Plan de Ajuste, pero en la etapa de Cristóbal Montoro (PP) al frente del área. Con todo, el gobierno de Barcala se muestra más que optimista, tanto a nivel nacional (por estar el ejecutivo central en manos del PSOE) como a nivel municipal (donde espera que ningún grupo se oponga al proyecto para retirar el mecanismo de control externo).

Pero la aprobación en el pleno no es más que un primer paso en la hoja de ruta de la Concejalía de Hacienda, que prevé aprovechar la eliminación del Plan de Ajuste para reducir los impuestos, en una medida con vistas a la próxima cita electoral. Para ese objetivo, que también debe tener el aval del pleno municipal, se deben modificar ordenanzas municipales, para rebajar, por ejemplo, un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) u otras cifras relativas al sector empresarial, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El edil de Hacienda, Carlos Castillo, pretende que estas modificaciones vayan al pleno en septiembre.

Con todo, el gobierno municipal del PP no sólo tiene que dedicar este verano, al margen de otros trabajos de gestión diaria, a intentar dejar en el olvido el Plan de Ajuste, sino que cuenta con otras cuestiones pendientes, en este caso heredades de la gestión del anterior equipo de gobierno de izquierdas, primero con el tripartito y en los últimos meses con el PSOE en solitario. Lo que más apremia al ejecutivo de Barcala es la amenaza existente sobre las licencias para la apertura de nuevos locales de ocio en el Casco Antiguo y el Centro Tradicional. Y es que a finales del próximo mes de agosto termina la suspensión de nuevas licencias otorgada por la Generalitat Valenciana. Ante ese escenario, no se quiere llegar sin aprobar previamente las modificaciones de los Planes Especiales de ambas zonas, las más afectadas por las quejas de los vecinos por el ruido y donde, además, existen más veladores. En la reciente Comisión de Urbanismo, que el PP convocó presionado por la oposición en bloque, Barcala anunció que tiene previsto convocar un pleno en agosto para dar solución a un problema que se arrastra desde el mandato del tripartito. De hecho, ahora se pretende avanzar sobre el documento que dejó hecho Miguel Ángel Pavón durante su etapa al frente de Urbanismo.

Otra comisión municipal, esta aún sin celebrar, también prevé marcar estos meses de verano en el Ayuntamiento de Alicante. Y es que el concejal Israel Cortés se ha comprometido a convocar el órgano relativo a la limpieza de la ciudad durante los próximos días. En esta comisión, que no se reúne desde principios de año, seguirá sobre la mesa la opción de pagar más a la empresa con tal de mejorar el servicio. Una alternativa siempre polémica en Alicante.

Y entre tanto, el gobierno local del PP tiene todavía el reto de dejar la ciudad limpia de calles franquistas. El acuerdo ya está aprobado y sólo falta llevarlo a cabo en un verano con escasas vacaciones.