No ha tenido pelos en la lengua el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del hijo mayor de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala asesinada de dos disparos en la cabeza en un negocio familiar que regentaba su yerno Miguel López, único sospechoso del crimen. A tenor del escrito del letrado Javier Sánchez-Vera, defensa de López, en el que instaba al magistrado José Luis de la Fuente a cerrar la investigación y a dejar sin practicar el análisis del contenido de los dispositivos móviles de su cliente, una prueba ordenada reiteradamente por el juez desde febrero del año pasado, el abogado Francisco Ruiz Marco presentó ayer su respuesta en el juzgado en la que no deja argumento de su oponente con cabeza.
En un documento de igual extensión al de la defensa (16 folios), el acusador particular expone al instructor que, en su opinión, ya están practicadas las «diligencias imprescindibles» que aportan «numerosos indicios que, de forma inequívoca, apuntan a la autoría del imputado» de la muerte de su suegra. Por tanto, puede cerrar la investigación «cuando lo considere oportuno», lo que no significa que el citado informe deje de realizarse.
A partir de ahí, la exposición de Ruiz Marco es una carga de profundidad contra los planteamientos de Sánchez-Vera, quien en su escrito exponía que se dejara sin efecto el análisis del contenido de la tablet y el móvil de Miguel López por considerar «superflua» la prueba al cuestionar la cadena de custodia de los aparatos.
El representante legal de Vicente Sala no duda en acusar al sospechoso de «obstruccionismo» y de «nula colaboración» tras negarse en la última comparecencia ante el magistrado a facilitar las claves de acceso a su correo electrónico y a su iCloud. Una actitud que no considera «muy inocente» teniendo en cuenta «las graves dificultades técnicas que presentan los dispositivos de la compañía Apple para acceder a la información almacenada sin contar con los códigos y la claves de acceso».
Cadena de custodia
En cuanto a las dudas expuestas por la defensa sobre la cadena de custodia de los aparatos y la fiabilidad, por tanto, de la información que contengan, Ruiz Marco echa mano de la jurisprudencia para afirmar que «no cabe admitir una genérica impugnación (de la cadena de custodia) en la que simplemente se argumente la posibilidad de una alteración de la evidencia». Y llama la atención sobre el hecho de que Sánchez-Vera «no aporta, ya no prueba alguna, sino siquiera una sospecha razonablemente seria y concreta de que la Policía Científica haya alterado un solo dato de los programas, carpetas, ficheros, aplicaciones, etc, de los dispositivos incautados».
Eso, unido a que por esa parte no se ha realizado denuncia alguna hasta este momento cuando la instrucción dura ya año y medio. «La defensa tuvo ocasión de intervenir desde el principio en las operaciones de extracción y copias de datos (...) pudo solicitar la intervención de su propio perito a los efectos de obtener una copia de idéntico contenido a la obtenida por la Policía Científica (...) podía haber manifestado sus objeciones (...) y la necesidad o no de un nuevo precinto en función de las dificultades técnicas que presentaban los dispositivos electrónicos para su clonado», destaca Ruiz Marco. «Si voluntariamente decidió no hacerlo, sus recelos actuales no pueden encontrar acomodo en la normativa legal ni causan efecto alguno, y mucho menos el de impedir que se complete una diligencia de investigación acordada mediantes sucesivas resoluciones firmes», concreta.
Para el letrado, «sería una auténtica ironía macabra que se hayan revisado exhaustiva e ilimitadamente todos los datos archivados en la memoria del teléfono de la víctima y se desista de conocer y analizar los del móvil y la tablet de quien está imputado como autor del asesinato».
La voz de Vicente Sala ante el juez también considera un sinsentido que la defensa impugne el informe del contenido de los aparatos cuando todavía ni se ha elaborado.
