Justo una semana después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, les soltara al jefe del Consell, Ximo Puig, y a la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, aquello de que no esperen trato de favor con la Comunidad Valenciana en materia de infraestructuras, el ejecutivo autonómico se ha lanzado al ring reclamando al Ministerio una inversión de 220 millones de euros, a ejecutar a partir de 2020, para mejorar los accesos de varios municipios, entre Altea y Vinaroz, a la AP- 7, la autopista que recorre la costa de la provincia, cuya concesión concluye el 31 de diciembre de 2019 y, se supone, no se va a renovar.
Una extraordinaria noticia para los conductores alicantinos, que no tan buena para el sector hotelero (teme que se colapse y termine teniendo un efecto perverso para los turistas), ni para aquellos que recelan, con razón, de que la futura autovía pase a formar parte de esa red estatal de carreteras donde crisis y ajustes económicos han dejado bajo mínimos el obligado mantenimiento. Solo un dato: tener en buenas condiciones un kilómetro de autovía cuesta entre 12.000 y 18.000 euros al año.
Por supuesto que es lícito y el Consell tiene todo el derecho del mundo para pedir que se mejoren los accesos de los municipios con la autopista, máxime cuando la N-332 costera sigue siendo un cuello de botella en muchos puntos, pero echando un vistazo al escenario en el que se mueve el ministro Ábalos -a dos años de unas elecciones generales y con un margen presupuestario mínimo ahora mismo- plantear una inversión de 220 millones de euros, aunque necesaria, tiene toda la pinta de quedarse más en un brindis al sol que de hacerse realidad, máxime cuando la historia en las infraestructuras de la provincia está llena de incumplimientos.
Doscientos veinte millones de euros tendrá que buscar un Ministerio de Fomento que solo hace una semana aplazó la apertura de la red de cercanías ferroviarias Alicante-Villena, culpando al exministro Íñigo de la Serna de haber sido incapaz de poner en marcha el proyecto. Una red cuyo coste operativo anual es de 3,6 millones de euros -partida bastante más modesta que los 220 millones que cuesta mejorar los accesos a la AP-7-, que no existen ahora por ninguna parte. Parón difícil de explicar al medio millón de alicantinos, viajeros potenciales, que llevan años esperando que se recupere una red tan fácil de activar como que solo está pendiente de dos firmas (Renfe y Hacienda) porque la infraestructura y los trenes existen.
Un ejemplo más de lo castigada que sigue estando la provincia, que ahora contempla un anuncio millonario de difícil digestión porque el autor, el Consell, no tiene ni la capacidad para realizarlo, al tratarse de carreteras de acceso que no son de su competencia.
Otra lluvia de millones que se reclama cuando en Alicante todavía se sigue esperando que alguno de los padres de la patria que ocupa puntualmente la Moncloa se decida a presupuestar y realizar el acceso ferroviario entre Alicante y el aeropuerto de Alicante-Elche con su prolongación hacia las Marinas y la Vega Baja. O, sin ir más lejos, que haya voluntad política para poner en marcha un proyecto aprobado, como es el de la remodelación de la N-338 de acceso al aeropuerto. Iniciativas, muchas de ellos, aprobadas y con consignación que nunca arrancan.
Pues bien, ahora a Fomento se le reclama un nuevo compromiso. Más de doscientos millones de euros para arreglar los enlaces de varios municipios con una autopista de la que solo se sabe que no tendrá peaje a partir de enero de 2020. A partir de ahí y pese a los buenos propósitos del Gobierno de Pedro Sánchez, nadie conoce a ciencia cierta lo que puede acordarse para garantizar su mantenimiento o, lo que es lo mismo, quién lo pagará.
Reciente está en la retina, por otro lado, el concurso público lanzado la pasada primavera por el entonces ministro De la Serna para remodelar y ampliar la autovía A-7 entre Crevillent y Murcia, cuya conservación es más que mejorable. Seiscientos millones de euros se anunciaron para que los financiara la iniciativa privada incluido el necesario mantenimiento. No se ha vuelto a oir hablar del tema desde la caída del Gobierno de Rajoy.
Menos anuncios, promesas y brindis al sol, y más realidades es lo que necesita una provincia que sigue recibiendo, por ejemplo, a los pasajeros del exitoso AVE en una estación de hoja de lata.
Y si no, que escuchen al presidente de la Federación de Obra Pública de la provincia de Alicante, Javier Verdú, que en su último informe lo dejó clarito. La licitación pública en la provincia de Alicante -Gobierno, Diputación y Generalitat- ha caído un 85% en la última década. Revelador, que la Administración del Estado haya pasado de licitar 761,5 millones de euros en 2006 a los 32,6 millones de 2017.
