Ciudadanos presentó ayer una solicitud, con el respaldo de Guanyar y Compromís, para que se convoque de manera «urgente» la comisión de investigación sobre los contratos de la Concejalía de Comercio, que está a falta del dictamen de las conclusiones. Este caso tiene a espera de juicio al exalcalde Gabriel Echávarri (PSOE), para el que la Fiscalía reclama diez años de inhabilitación por presunta prevaricación. También se juzgará a dos de sus asesores durante el gobierno de la izquierda en este mandato municipal, Pedro de Gea y Lalo Díez.
Los socialistas, por su parte, no se sumaron ayer a la petición promovida desde Ciudadanos, alegando que la investigación sobre la adjudicación de los contratos está judicializada: «El PSOE considera que esta es una muestra más de la absoluta desvinculación existente entre Cs y la realidad», señaló la portavoz socialista, Eva Montesinos, quien añadió: «Si la señora Giraldo cree que está más capacitada que el juez de la Audiencia Provincial para hablar del caso de las facturas de Comercio, allá ella. Quizás la señora Giraldo todavía no ha comprendido que el anterior alcalde dimitió y que hoy en Alicante gobierna el PP gracias, precisamente, a la abstención de su partido, así que puede añadirlo a sus conclusiones sobre el caso de las factuas de Comercio».
Desde septiembre
La última sesión de la comisión municipal se celebró en septiembre del año pasado, mientras que la prevista para la lectura de las conclusiones, en octubre, se suspendió a última hora, al coincidir con la declaración en los juzgados del entonces alcalde, Gabriel Echávarri. «Nunca volvimos a saber del tema a pesar de que los grupos políticos redactaron sus respectivos informes de conclusiones», señaló ayer la portavoz municipal de Cs, Yaneth Giraldo, quien considera «importante que se celebre esta sesión para diferenciar la vía del debate político y la vía judicial ya que lo contrario denota una falta de respeto a la propia institución municipal».
Por su parte, Guanyar recordó ayer que presentó un recurso de reposición contra la decisión del entonces gobierno del PSOE sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado el pasado mes de marzo, por el que se aprobó la finalización del procedimiento de revisión de oficio para la declaración de nulidad de los 25 contratos menores tramitados en la Concejalía de Comercio. En esa fecha, el ejecutivo local aún liderado por Echávarri declaró «conclusa» la revisión de las facturas y descartó su nulidad administrativa.
