El gobierno municipal del PP, liderado por Luis Barcala, se comprometió ayer a «acelerar» los trámites para elevar a un pleno extraordinario el próximo mes de agosto las modificaciones puntuales a los planes especiales del Centro Tradicional y del Casco Antiguo. Y es que la suspensión de licencias, que prohibe por ahora la apertura de nuevos locales de ocio en las zonas más saturadas de la ciudad de Alicante, decae el próximo 22 de agosto. Con el temor de no llegar a tiempo, el ejecutivo local anunció durante la Comisión de Urbanismo, convocada tras la petición unánime de todos los grupos de la oposición, que solicitará a la Generalitat, de forma cautelar, una suspensión extraordinaria por si llegada la fecha tope para la tramitación «no se hubieran podido llevar a efecto los cambios previstos en dichos documentos», según explicó ayer la edil de Urbanismo, Mari Carmen de España, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación.

En este periodo contrarreloj, el gobierno del PP prevé actuar a partir del documento elaborado en la etapa de Miguel Ángel Pavón al frente de la Concejalía de Urbanismo, sobre el que se estudiarán las alegaciones presentadas por los grupos políticos y también por asociaciones. En ese trámite se quedó la siguiente responsable del área, la socialista Eva Montesinos antes de dejar el gobierno local.

Por otro lado, ayer también se puso sobre la mesa el Catálogo de Protecciones, un documento que también se elaboró en el periodo de Pavón como máximo responsable de Urbanismo, pero que no pasó el «corte» del pleno municipal, ya que la corporación (PP, Ciudadanos y los dos tránsfugas) votó en contra del Catálogo de Protecciones hace poco más de un año, aún con el tripartito dirigiendo el Ayuntamiento de Alicante. En este caso, tanto Guanyar como Compromís solicitaron ayer volver a llevar a pleno el documento tramitado con Pavón en Urbanismo. La actual concejal de Urbanismo, sin embargo, señaló que su departamento «está abierto al diálogo con los distintos grupos políticos para incorporar al documento los cambios por consenso que sean necesarios» con el objetivo de aprobar un texto del que depende la protección del patrimonio de la ciudad. Y es que la suspensión de licencias en este caso ya decayó, por lo que el gobierno del PP ha solicitado un informe al servicio jurídico del Ayuntamiento de Alicante respecto a la situación del Asilo de Benalúa, donde una empresa quiere abrir un hospital privado, tras un informe de la Conselleria de Cultura que concluye que el edificio se encuentra «en régimen transitorio de protección».

Por último, en la Comisión de Urbanismo celebrada a primera hora de ayer también se habló de la Ordenanza de Ruido, cuyo borrador se elaboró a finales del pasado año. Sin embargo, a la tramitación aún le falta mucho recorrido. «Estamos en el primer paso de tramitación y ni está completo. En este primer escalón del procedimiento, de 14 que debe superar, el borrador ha sido enviado para consulta a 25 técnicos y solo han contestado cuatro. A continuación, debe ser remitido a los grupos», prosiguieron desde el PP.

Durante la reunión de ayer, el alcalde, Luis Barcala, lamentó la falta de personal existente en el área de Urbanismo, una queja que se arrastra desde la etapa de Pavón al frente del área. La socialista Montesinos le afeó que, pese a la necesidad de más técnicos, el PP haya paralizado la contratación durante un año de 250 de los 400 jóvenes becados por Europa.