La defensa de Miguel López ha solicitado al juzgado que cierre la investigación por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. El abogado del único sospechoso de la muerte a tiros a de María del Carmen Martínez considera que ya no queda ninguna diligencia que practicar y que, si el juzgado considera oportuno cerrar la instrucción, se presentará un escrito razonado para pedir el sobreseimiento de la causa para Miguel López.
En estos momentos está pendiente el informe policial de los análisis del teléfono y la tablet del sospechoso por parte de la Policía. Para la defensa, es «superfluo» esperar a los resultados de dicho informe, ya que estos dispositivos se encontraban desprecintados bajo custodia policial y, por lo tanto, no han estado a salvo de «eventuales manipulaciones externas».
María del Carmen Martínez murió tras recibir dos disparos en la cabeza la tarde del 9 de diciembre de 2016, mientras recogía su coche en el negocio de automoción que regentaba su yerno, Miguel López. Éste fue detenido casi dos meses después como presunto autor del asesinato. López siempre ha defendido su inocencia y la actualidad está en libertad bajo fianza mientras se completa la investigación.
Durante el registro en su vivienda y en su oficina el día de su arresto, se le intervino el móvil, un portátil y una tableta, cuyo análisis ha venido lastrando la investigación ante las dificultades de la Policía para acceder a su contenido, labor encomendada a la Policía Científica de València. Ello a pesar de que el propio López les había dado las claves de acceso. La semana pasada Miguel López y su defensa fueron requeridos por el juzgado para aportar las claves para acceder a la nube y al correo electrónico de los dispositivos. Una vez en el juzgado, fueron informados de que la Policía contaba con una nueva aplicación, el sistema Cellebrite, que les permitirían desencriptar toda la información aunque le requerían las claves que faltaban. En esa comparecencia, a la que acudió el abogado de la defensa acompañado de un perito, constataron que los dispositivos se encontraban sin precinto alguno y se acogió al derecho a no facilitar las contraseñas requeridas ante la falta de garantías de que no se haya podido introducir información a posteriori en la sede policial, tal como ya publicó este diario.
En el último escrito aportado al juzgado, el letrado Javier Sánchez Vera ha advertido al juzgado que el Tribunal Constitucional anuló una sentencia de la Audiencia de Zaragoza, en un caso similar a éste porque «los dispositivos informáticos no habían estado a salvo de eventuales manipulaciones externas», lo cual resulta «de esencial trascendencia» en aquellos soportes que admitieran una manipulación de carácter regrabable o por su naturaleza virgen en el momento de su incautación, e incluso su sustitución por otros, lo que impide que estas pruebas puedan incorporarse al proceso penal con el cumplimiento de las garantías necesarias.
La defensa subraya que tanto desde el juzgado, como desde el letrado de la Administración de Justicia habían previsto y advertido a la Policía que se obtuviese una copia certificada o autentificada mediante firme digital y que se adoptaran medidas para el precinto de los dispositivos. En el escrito se señala que cuando acudieron la semana pasada a entregar las claves se encontraron con que éstos se encontraban en manos de agentes de Madrid, y no de la Policía Científica de València, en cajas desprecintadas.
