Las consellerias de Justicia y Administración Pública y de Educación han llegado a un acuerdo con los sindicatos UGT PV, CSIF, Intersindical Valenciana y CC OO PV, para mejorar las condiciones del personal educador de educación especial, educación infantil y fisioterapeuta. Entre otras cuestiones, se fijan sus tareas, se plasma su derecho a la formación y se abre la negociación para que puedan pasar a ser considerados grupo B de la administración autonómica.

Este colectivo había protagonizado protestas en los últimos meses e incluso llegó a ir a la huelga durante tres días a finales de mayo para visibilizar su situación.

Este personal presta servicios en los centros escolares públicos no universitarios de la Conselleria de Educación y dependen de la Conselleria de Justicia a nivel administrativo. En la provincia trabajan 386 educadores de educación especial y 186 de infantil y el 94% son mujeres. «Nos tienen para encargarnos del comedor y de las extraescolares, alargando nuestro horario y sin tiempo para poder acudir a los claustros ni a las reuniones pedagógicas ni tratar con las familias. Así no se crea la escuela inclusiva de la que habla el conseller Marzà», denunciaban al convocar la huelga.

En la negociación el objetivo fue «fijar, concretar y aclarar cuestiones como las funciones y tareas de este personal, la jornada laboral, la formación, las itinerancias, la clasificación y adscripción de los puestos de trabajo, las peculiaridades de la selección y provisión», explicaron fuentes de la Generalitat. La directora general de Función Pública, Eva Coscollà, destacó que este acuerdo «suponen cerrar una larga etapa de negociación en unos ámbitos de trabajo sensibles». «Estos acuerdos conducen a mejorar las condiciones de trabajo del personal educador, fisioterapeuta y el correspondiente servicio público. Pero, esto, supone también el inicio de una nueva etapa de negociación para materializar parte del contenido acordado», dijo. Desde CC OO reconocieron que el acuerdo «recoge avances importantes».