El presidente de la Federación de Obra Pública en Alicante (FOPA), Javier Verdú, ha hecho pública una nota de Prensa en la que denuncia que la licitación pública en la provincia de Alicante -Gobierno, Diputación y Generalitat- ha caído un 85% en la última década, dejando la generación de empleo y riqueza en el sector, prácticamente, en manos de la iniciativa privada y, en concreto, en los promotores de viviendas. Un sector que, por otro lado, se encuentra ahora, en plena etapa de recuperación sin mano de obra cualificada. Verdú reclama, en este sentido, a la Administración más formación profesional.

La grave crisis que afectó al sector, provocó que muchos de sus trabajadores se vieran obligados a reciclarse en otros sectores como el de la hostelería; algunos se jubilaron y otros, extranjeros que quedaron en paro, regresaron a sus países de origen.

La consecuencia directa es que, a día de hoy, el sector no encuentra profesionales cualificados para levantar fachadas (caravisteros), paredes (tabiqueros), encofradores, instaladores de pladur, soldadores o montadores de instalaciones de fontanería y electricidad. "Y desde FOPA podemos asegurar que la escasez de mano de obra no se relaciona directamente con la remuneración, ya que actualmente se manejan salarios considerables", subraya Verdú.

Los empresarios no acaban de percibir un cambio importante de tendencia respecto de la inversión en obra pública e Infraestructuras en la provincia de Alicante por parte de las administraciones.

"En nuestra provincia, el incremento en la actividad en el sector de la construcción lo está generando la iniciativa privada, fundamentalmente por el auge de la construcción de viviendas y la urbanización de sectores residenciales. Esto se ha traducido en que las empresas constructoras mantengan cierta actividad, aunque todavía insuficiente, para generar la necesidad de contratación de trabajadores tendente a conseguir el pleno empleo", asevera Verdú.

Desde FOPA recopilan datos diariamente sobre la licitación de las diferentes administraciones en base a los datos publicados en los distintos boletines y diarios. De ello se desprende que los datos actuales distan mucho de los que se manejaban hace 10 años: sirva de ejemplo la Diputación de Alicante, que licitó 95,6 millones de euros en el año 2006, y sin embargo descendieron a los 21,8 millones del 2017.

Con respecto a la Generalitat Valenciana se pasa del dato de los 762,2 millones de euros de licitación en el año 2007, a tan sólo 136,0 millones en el 2017. Y más llamativo es que la Administración del Estado licitó en 2006 la cantidad de 761,5 millones de euros, que en el ejercicio 2017 se conviertieron en sólo 32,6 millones.

"Consideramos imprescindible que la Administración tome medidas urgentes a nivel de formación y de orientación al empleo, tanto por parte de la Formación Profesional, programando los cursos necesarios que garanticen la suficiente mano de obra cualificada para un Sector que tiene por delante algunos años de actividad y de creación de empleo, y orientando a los jóvenes hacia este sector que cuenta con una empleabilidad muy elevada, como por parte del Servef, a través de cursos formativos de reciclaje para los trabajadores en paro.

"Es un sin sentido que en la provincia haya más de 10.000 trabajadores inscritos como reclamantes de empleo en el sector construcción, mientras que las empresas tienen que acudir a otras regiones españolas para poder contratar personal cualificado", concluye Verdú.