Cerca de 700 familias de la provincia han convertido ilegalmente viviendas públicas en su hogar, la mayoría de ellas en Alicante, Elche, Elda y Alcoy. La Conselleria de Vivienda está abordando la grave situación de las exactamente 684 casas ocupadas de forma irregular. Cuando el actual Consell tomó las riendas de la Comunidad en julio de 2015, se encontró con 550 casos en toda la provincia. Este número provenía de las ocupaciones directas y de contratos resueltos durante la anterior legislatura, en los que tácitamente se había permitido a las familias mantenerse en los inmuebles sin gestionar su desalojo y sin que pagasen la renta correspondiente.
Respecto a las ocupaciones recientes, es decir, aquellas que se han producido en la actual legislatura, son 185. En todos los casos se han iniciado procedimientos para restablecer la posesión de la vivienda, habiéndose recuperado ya 51 inmuebles y quedando 134 pendientes de recuperación.
Según fuentes de la Conselleria «esta maraña jurídica que el actual Gobierno heredó ante la inexistente gestión del parque público está siendo analizada social y jurídicamente caso a caso por este Consell». De hecho, la Generalitat determinó no permitir nuevas acciones de este tipo y actuar frente a las ocupaciones posteriores a julio de 2015. El motivo: vulneran los derechos de las familias más necesitadas que cumplen con la ley e imposibilita la reparación de los inmuebles.
Por otra parte, tampoco se podía ignorar la situación de las personas que en legislaturas anteriores llevaron a cabo esta irregularidad, «ante la pasividad del Gobierno autonómico que ni recuperó la posesión del inmueble ni regularizó estas ocupaciones», según fuentes de la Conselleria de Vivienda, que aprobó una resolución para regularizar la situación de estas familias si, una vez estudiado su caso, cumplen las condiciones para ser adjudicatarios de una vivienda social y una serie de criterios como demostrar que se han integrado en la comunidad vecinal.
Estudios individualizados
A las 550 anteriores a julio de 2015 se les está aplicando la resolución de la Conselleria de Vivienda por lo que, técnicamente, están en proceso de regularización. Si al analizar la situación de cada familia se resuelve que no pueden ser regularizados, se adoptarán las medidas legales oportunas para que no las ocupen de forma ilegal. El proceso conlleva un estudio individualizado por parte de los servicios sociales municipales.
La consellera María José Salvador puso en marcha un Plan de Dignificación de la Vivienda Social para permitir que los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno y asequible, al tiempo que no se produzcan situaciones de inseguridad jurídica.
Criterios para la regularización
Entre los criterios objetivos necesarios para regularizar las ocupaciones destacan: acreditar una situación de vulnerabilidad y que la vivienda ocupada sea la residencia permanente de la familia antes de julio de 2015. Además, deberán asumir el pago del alquiler que le corresponda y los gastos de la comunidad y deberán permitir el acceso al inmueble a los técnicos de EIGE para comprobar las condiciones de habitabilidad. También deberán demostrar buena convivencia con el resto de vecinos, así como el arraigo en el barrio.
