La Generalitat Valenciana lleva tres meses a la espera de que el Ayuntamiento de Alicante le envíe un informe clave para seguir adelante con la cesión de la Ciudad Deportiva, una petición iniciada por el entonces ejecutivo del socialista Gabriel Echávarri con el objetivo de tener vía libre para acometer las obras necesarias (sobre todo, el cambio del césped artificial que actualmente presenta un estado más que deficiente) para que los partidos de fútbol vuelvan a celebrarse en una instalación situada junto al Estadio de Atletismo «Joaquín Villar» y el estadio José Rico Pérez.

El gobierno municipal se vio obligado a suspender a principios de este año los partidos por el pésimo estado del firme, repleto de surcos y socavones que ponen en peligro la integridad física de los jugadores.

En un escrito que se registró en el Ayuntamiento de Alicante a finales del pasado mes de marzo, aún con el PSOE al frente del gobierno municipal, la Generalitat Valenciana, a través de la Subdirección General de Régimen Económico y Servicio de Gestión Patrimonial, considera que resulta necesario que se aporte un informe del arquitecto municipal que describa y grafíe las instalaciones ejecutadas, sus características, georreferenciando la parcela y la totalidad de las instalaciones.

Ese informe, según fuentes próximas a la Generalitat, aún no ha llegado a su destino, lo que en la práctica supone el bloqueo de la cesión de la Ciudad Deportiva al Ayuntamiento de Alicante. Las instalaciones se incluyeron en un convenio de gestión entre ambas entidades suscrito en 1990 y que, según fuentes municipales, concluyó a finales de la pasada legislatura, por lo que ahora se pretendía regularizar la situación jurídica. La pista deportiva, con una superficie de unos 18.000 metros cuadrados, fue adquirida por el Gobierno valenciano al Estado en 1982.

Durante estos años, las instalaciones han variado tras diferentes actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alicante. De ahí, que el Consell requiera ahora un informe del arquitecto municipal, adscrito a la Concejalía de Urbanismo, para poder seguir adelante con los trámites para ceder la instalación. En el proceso, la Generalitat también exige un acuerdo de la Junta de Gobierno en el que el gobierno municipal, ahora en manos del PP, se comprometa a aceptar la cesión del inmueble, asumiendo a su vez el compromiso de efectuar la declaración de obra nueva de las instalaciones existentes.

Además, el Consell también reclama al ejecutivo liderado por Luis Barcala que se comprometa a continuar destinando el terreno de la Ciudad Deportiva a la práctica del deporte. De no ser así, la propiedad volvería a manos de la Generalitat, que a su vez prevé facultar al alcalde para la firma de los documentos públicos o privados necesarios para la ejecución del acuerdo de cesión.

La paralización del pacto a dos bandas entre administraciones preocupa en Compromís, socio del Consell. Su portavoz municipal en Alicante, Natxo Bellido, subraya que la ciudad está ante una «gran oportunidad», por lo que exige al gobierno municipal a que «se ponga las pilas» porque «hay muchos usuarios, incluidos clubes deportivos, a la espera».

Según Bellido, el Ayuntamiento no puede ser «tan lento a la hora de realizar su parte del trabajo», sobre todo cuando supone «bloquear una cesión beneficiosa para la ciudad».