Durante más de media hora, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), intentó ayer defender la contratación de Miguel Ángel Redondo, el asesor del equipo de gobierno destinado supuestamente al área de Infraestructuras, al que destituyó un mes después de su fichaje tras desvelarse la relación que mantenía con la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar), quien con su voto en blanco en el pleno de investidura permitió el regreso del PP a la Alcaldía después de tres años de gobierno de la izquierda.

Sin embargo, las explicaciones de Barcala de ayer, que apenas ampliaron las realizadas públicamente al anunciar el cese del asesor a mediados de este mes, no convencieron a la oposición municipal, que en bloque criticó la intervención del alcalde alicantino. «Discurso pueril», «explicaciones nada convincentes» o «intervención decepcionante» fueron algunas de las reacciones de los grupos que previamente habían pedido la comparecencia de Barcala ante el pleno de ayer. El PSOE y Compromís fueron más allá, reclamando al término del debate la dimisión de Barcala por la falta de argumentos convincentes sobre una contratación que toda la oposición ya puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por si pudiese guardar relación con el voto en blanco de Belmonte, exconcejala de Guanyar.

Y es que el asesor ya despedido acompañó a la concejala tránsfuga a diversas reuniones a entidades sociales y también a instalaciones municipales, como las de la Policía Local de Alicante. Además, dentro de un proceso judicial de ámbito familiar, el que fuera personal de confianza de Barcala tras el cambio de gobierno aseguró que había cobrado, tiempo atrás, en negro de Cs y de Cruz Roja. Ambas entidades han negado el pago en «B» a Redondo.

Versión de los hechos

En su intervención, en la que explicó su versión sobre el proceso de contratación del asesor y en la que también cargó contra PSOE y Compromís por supuestos casos de corrupción política, el alcalde concluyó negando con rotundidad que los populares comprasen el voto a Belmonte: «El PP, en toda su extensión y yo en particular, no compra, bajo ningún concepto, ni por ningún motivo, ni a cambio de nada, el voto en blanco de Belmonte en el pleno de investidura». También defendió a la tránsfuga sobre lo que considera una «trama conspiratoria y una cortina de humo» para tapar la investigación en Fiscalía por el supuesto intento de compra del voto a la tránsfuga desde la izquierda: «Están descargando en Belmonte el odio que arrastran».

En su turno de palabra, Barcala que estuvo tenso durante el pleno, explicó cómo conoció al que posteriormente contrató como asesor (en la campaña de 2015 por ir como acompañante del alcaldable de Cs), cómo mantuvo relación con él (porque Redondo seguía acudiendo al grupo municipal de Cs hasta que José Luis Cifuentes dimitió) y cómo se procedió a la contratación el pasado mes de mayo: «Al llegar al gobierno, me recuerda su ofrecimiento a colaborar y pido referencias a su entorno, a Cs, al PP y a un familiar mío». Luego, explicó Barcala, se produjo el fichaje para que coordinarse el equipo de asesores de Infraestructuras, donde percibió durante un mes el máximo sueldo permitido (2.500 euros al mes). El alcalde volvió a negar que estuviera al tanto de las reuniones del asesor y Belmonte, pese a que fuentes próximas a las entidades a las que acudieron aseguran que le informaron de manera indirecta. También descartó que la contratación del asesor se produjera con vista a trabajar para la campaña electoral del 2019, tal y como reveló Redondo tras ser cesado del cargo.

En su intervención, Barcala puso además sobre la mesa la obligación legal que tiene de impulsar la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) solicitada por Belmonte para recuperar derechos políticos y económicos (que se elimine la prohibición de que los tránsfugas cobren sueldo público).

Belmonte, en el minuto que tuvo para hablar, se limitó a hablar de «caza de brujas» y a asegurar que la izquierda no mantiene el gobierno por la negativa de Bellido (Compromís) a optar a la Alcaldía en lugar de la socialista Montesinos. Por su parte, el otro tránsfuga, Fernando Sepulcre, optó por renunciar a su intervención. Guardó silencio.