El Puerto de Alicante cerró 2017 con unos beneficios de 1,57 millones de euros, un 5,7% más que el año anterior, según ha comunicado el presidente Juan Antonio Gisbert, en la sesión del consejo de administración al que asistió por primera vez -en calidad de invitado porque el nombramiento como miembro todavía no es oficial- el alcalde Luis Barcala. El importe neto de la cifra de negocio en 2017 fue de 12,56 millones de euros, 655.000 euros más que el año anterior, lo que representa un crecimiento del 5,5%.
También se incrementaron los gastos de explotación como consecuencia del aumento de los costes de mantenimiento y los de suministros. En el ejercicio se siguieron criterios de «máxima prudencia» en la dotación de provisiones, según una nota hecha pública por el Puerto. Respecto a la situación financiera, al cierre de 2017, la Autoridad Portuaria no mantiene deudas con los bancos.
El consejo de administración también ha aprobado conceder permiso para la construcción y explotación de un quiosco para venta de helados en la Plaza del Puerto, donde está prevista la construcción de la oficina de turismo. El carácter desmontable del quiosco permite la concesión.
El consejo dio también vía libre a la ampliación de la concesión de la empresa Costablanca Portuaria, matriz de la terminal de cruceros. La mercantil cederá parcialmente el uso de la instalaciones a la sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, que organiza la salida de la Volvo Ocean Race.
También se acordó la ampliación del ámbito concesional que ostenta Nedgia Cegas para la instalación de una red de distribución de gas natural para su suministro en la zona de levante del Puerto de Alicante.
Finalmente, se informó sobre la propuesta de remisión a Puertos del Estado de la valoración de los terrenos y las aguas de la zona de servicio del Puerto para su aprobación por el Ministerio de Fomento.
A la sesión del consejo asistieron en calidad de invitados, dado que su nombramiento no ha sido publicado todavía en el DOGV, el alcalde, Luis Barcala, y el concejal, Carlos Castillo.
Por otro lado, sigue sin conocerse la evolución del concurso lanzado por el Puerto para buscar la empresa que tiene que diseñar y acometer la construcción de las naves cerradas para el tratamiento de graneles.
El consejo de administración del Puerto de Alicante respaldó en enero la propuesta del presidente, Juan Antonio Gisbert, para la construcción de una terminal con naves cerradas para mover graneles. El pliego de condiciones se presentó en febrero para unas naves de más de 30 metros de altura. El proceso burocrático es muy lento por lo que las obras, si al final se encuentra al inversor, no arrancarán hasta final de año. El cierre del Puerto a principios de año al tráfico de graneles provocó un millón de euros de pérdidas sumando todos los colectivos afectados. Según los técnicos, el cierre total de las instalaciones supondría unas pérdida anuales de 40 millones de euros y 500 empleos directos.
En cuanto al modelo elegido habrá que esperar al pliego de condiciones y el proyecto constructivo pero todo apunta al modelo del puerto de Santander, en la que se han basado el Consell y la Plataforma de Afectados -los vecinos siguen escépticos-, aunque en las últimas semanas la operativa no presenta problemas.
