La magistrada Patricia Romero dictó ayer la apertura de juicio oral al exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, por despedir a la cuñada de Luis Barcala, según el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. En una resolución de apenas dos folios, la juez considera que no procede el sobreseimiento de las actuaciones para Echávarri y le envía al banquillo por un delito de prevaricación. Asimismo da un plazo de diez días al abogado del exalcalde para que presente su escrito de defensa. Superado ese trámite, sólo quedará elevar la causa a la Audiencia Provincial para que celebre el juicio. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el exalcalde de Alicante por estos hechos.

La apertura de juicio oral se produce semanas después de que la Audiencia confirmara el procesamiento de Echávarri por este delito. La investigación se ha completado en poco más de 14 meses después de que Gabriel Echávarri despidiera a la cuñada del entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala, poco después de que éste le hubiera denunciado en la Fiscalía por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. Echávarri defendía que el despido de Catalina Rodríguez era legal, porque en su condición de interina se encontraba trabajando en un destino distinto para el que fue contratada. La técnica de Museos entró en el Ayuntamiento para la puesta en marcha del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y de Las Cigarreras y en el momento de su cese había sido traslada al Museo de la Lonja. Tras la reprobación del pleno a Echávarri, éste dio marcha atrás y la trabajadora fue readmitida.

La magistrada concluyó que la medida fue «una evidente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad a la voluntad del alcalde que se erige como fuente del Derecho y ejerciendo sus facultades de forma manifiestamente arbitraria». A juicio de la juez y del fiscal se trató de una represalia contra el dirigente popular.

En la causa estaba también investigado el entonces concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, pero la causa se archivó para él, al considerar la juez y el fiscal que se limitó a hacer lo que le ordenó el alcalde.

La doble imputación de Echávarri en la causa de los contratos y en la de las facturas de Comercio forzaron que tuviera que dimitir como alcalde. En el pleno en el que se debía elegir a Eva Montesinos como su sucesora hubo un vuelco en la votación y salió elegido como alcalde Luis Barcala.