El Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri (PSOE) por un delito de prevaricación presuntamente cometido en el despido irregular de una trabajadora del Ayuntamiento, que a su vez es la cuñada del entonces portavoz municipal del PP y actualmente regidor alicantino, el popular Luis Barcala.

La resolución, que no puede ser recurrida según el auto de apertura de juicio oral, ha sido notificada hoy miércoles a las partes y señala a la Audiencia Provincial de Alicante como órgano competente para la celebración del juicio.

La jueza, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), mantiene que el socialista Echávarri cesó cuando era alcalde a la trabajadora como "represalia porque Barcala, entonces portavoz municipal del PP, le había denunciado ante Fiscalía por el presunto fraccionamiento de contratos", un asunto por el que Echávarri también será juzgado.

Según la instructora, existen indicios de que el decreto de cese de la funcionaria "obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad a su voluntad que se erige como fuente del derecho".

Hace apenas dos semanas, la Audiencia Provincial desestimó ayer el recurso de apelación presentado por el exregidor socialista, confirmando la resolución del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, que procesó a Echávarri el pasado marzo por supuesta prevaricación administrativa al despedir a la interina municipal. Antes de la apelación, la Fiscalía presentó su escrito de acusación en el que pedía diez años de inhabilitación como cargo público para Echávarri.

El auto de procesamiento de la titular del Juzgado de Instrucción número 2, fechado a mediados de marzo, acordó el procesamiento de Echávarri y, además, el sobreseimiento de la causa para el entonces concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez. En el escrito judicial se explicaba que aunque Giménez era la persona que firmó el decreto de despido de la trabajadora municipal, lo hizo movido «por la preeminencia orgánica del alcalde respecto a él» y además no quedó suficientemente acreditado que cometiera delito alguno.

El socialista Echávarri se vio obligado a renunciar a la Alcaldía de Alicante el pasado mes de abril tras ser doblemente procesado por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y por el despido de la cuñada de Barcala, readmitida en el puesto días después de su cese.