La Conselleria de Vivienda ha puesto en marcha un proyecto piloto para impulsar y recuperar la construcción de viviendas de protección oficial con el que pretende poner pisos en el mercado sin tener que recurrir a fondos propios para su construcción. Para ello, la Generalitat cederá gratis el suelo durante 75 años a las cooperativas sin ánimo de lucro que se constituyan para levantar promociones de entre 12 y 40 pisos. La operación comenzará a desarrollarse en Alicante, Sant Joan, Torrevieja y Alcoy, donde la Generalitat cuenta con solares pero no se descarta que los ayuntamientos que cuenten con suelo puedan sumarse también en una segunda fase. El primer concurso público con las bases del proyecto se publicará en el DOGV a principios de julio.
El 50% de los cooperativistas deben pertenecer a colectivos preferentes como víctimas de violencia de genero, mayores de 60 años o menores de 35 años y con una renta anual no superior por unidad familiar a 4,5 veces el Iprem (34.105 euros). La cuota mensual a abonar a la cooperativa no podrá superar el 30% de los ingresos.
La iniciativa abarata, según la Conselleria de Vivienda, significativamente el precio de las operaciones, ya que el suelo representa el 40% del valor de una vivienda y los cooperativistas, que se convertirán en improvisados promotores, se ahorrarán también el coste del beneficio que obtiene la promotora. Fuentes del Consell aseguran que hay ya varios bancos interesados en financiar las operaciones. Una vez transcurrido el periodo de explotación, establecido en 75 años, los edificios volverán a ser de titularidad pública.
El secretario autonómico de la Conselleria de Vivienda, Josep Boira, explica que la cesión de suelo a cooperativas representa «un paso hacia la colaboración entre el sector público y el privado para afrontar la necesidad de alquiler asequible, sin que se pierda patrimonio público». Según Vivienda, el cooperativismo vive un nuevo impulso bajo la etiqueta de «cohousing» (comunidades especiales de propietarios) y en países como Francia y Austria permiten dar respuesta a la necesidad de vivienda. «Esta fórmula introduce instrumentos para ayudar el problema del alquiler a determinados grupos como el de los jóvenes y el sector cooperativista es fundamental», subraya Boira. Las parcelas propiedad del Consell están ubicadas en Gandia, Alzira, Torrent, Alicante, Alcoy, Sant Joan y Torrevieja y se estima que se podrán construir un total de 180 viviendas protegidas.
Al pliego podrán presentarse cooperativas sin ánimo de lucro. La cooperativa será la titular del derecho de superficie por un plazo máximo de 75 años y cederá a los socios el uso de la vivienda para uso de domicilio habitual y permanente. Al finalizar dicho plazo, el suelo y la edificación revertirán en la Generalitat, con lo que no pierde patrimonio.
Comité de expertos
La directora de la Entidad Valenciana de Habitatge, Helena Beunza, subraya que un comité de expertos analizará las propuestas, en las que se valorará especialmente «la calidad del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y de integración urbanística, su adecuación medioambiental y tipología de las viviendas y del edificio a los colectivos a los que va destinado». También se valorará la propuesta colaborativa o de vida en comunidad, teniendo en cuenta los servicios y actividades que la cooperativa preste o posibilite en los espacios comunes.
Se trata de un proyecto piloto para ver cómo responden las cooperativas, pero el objetivo «es poder ampliar este modelo a otros municipios en los que la Generalitat disponga de suelo y que también se puedan sumar los ayuntamientos».
Por otro lado, los responsables de Vivienda valoran positivamente el resultado del segundo Plan de Alquiler Asequible, que adapta y reduce las rentas de alquiler según las circunstancias económicas de cada familia, y que ha beneficiado a más de 350 familias. También se ha llevado a cabo un plan para la ocupación de viviendas que incluye acciones de difusión en coordinación con los ayuntamientos. Hasta el momento se han firmado 13 convenios.
La modificación del régimen de uso de las VPO permite que puedan ofrecerse en venta, alquiler o alquiler con opción a compra. Se ha conseguido también la ocupación del 73% de las VPO en alquiler que estaban vacías al inicio de la legislatura y del 50% de las que estaban en venta.
