«Ya está bien. Tiene que llegar a los centros educativos y a la mentalidad de los padres que jugando se crece mejor, se aprende más y se es más feliz». La vicepresidenta y portavoz del Consell hizo ayer una defensa férrea del ocio educativo para los menores como derecho, tal y como contempla el proyecto de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia para la Comunidad, aprobado ayer por el ejecutivo valenciano.
Las nuevas consideraciones legales recomiendan al profesorado que se abstengan de poner deberes a los alumnos al establecer la carga lectiva en el horario escolar. Durante la educación primaria «se procurará» que las actividades de aprendizaje puedan hacerse «dentro de la jornada lectiva», contempla la ley.
Se persigue que «los niños «no estén cargados de deberes» cuando llegan a casa, recalcó Oltra. Que «el exceso de deberes no reduzca el tiempo de juego. No puede ser que un chiquillo que está de 9 a 5 en el cole se vaya a casa cargado de deberes después de una jornada de ocho horas», insistió.
La portavoz del Consell comparó la actual carga de deberes con una situación histriónica. «Es como si un trabajador de una empresa de automóviles llega a casa y se lleva el volante para seguir trabajando», puntualizó. «Los niños -concluye-, también están cargados de extraescolares».
Con esta norma la Generalitat pretende lograr «un avance importante para que los niños sean sujetos y no objetos». Se ha tramitado por la vía de urgencia desde el mes de noviembre tras quedar desfasada la actual. «Por primera vez se desarrollan conceptos como la promoción de derechos infantiles y su participación», subraya la vicepresidenta.
Ciudadanos
Por otra parte, se otorga a los niños la consideración de «ciudadanos de pleno derecho» con otro tipo de medidas, como la eliminación de la edad mínima para que sean escuchados en tratamientos médicos y la obligación de respetar sus convicciones.
Se insta, por tanto, a escuchar la opinión de los menores antes de dar el consentimiento a un tratamiento médico y se obliga a los padres o tutores a respetar sus convicciones sobre libertad de ideología, conciencia o religión.
«El objetivo no es que los niños tomen las decisiones -precisó Oltra- sino que sean escuchados en función de su madurez. Chicos con 7, 8 y 9 años son suficientemente maduros para que se les pregunte ante cualquier intervención aunque obviamente, la decisión es del padre o tutor».
En esta misma línea la ley reconoce el derecho a la identidad y a la expresión de género, y garantiza que las administraciones tendrán que consultar su opinión en cuestiones que les afecten, como pueda ser el diseño urbano de los municipios, «adaptando las consultas públicas para que puedan participar».
El texto regula además las situaciones de riesgo para dar preferencia a la acogida familiar respecto al residencial y previene el maltrato promoviendo «el buen trato y los afectos», con programas de orientación familiar, coparentalidad y condiciones laborales compatibles con la crianza.
