La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha comenzado a ejecutar un plan de choque en la provincia para reducir el riesgo de que un incendio forestal afecte a las viviendas y urbanizaciones diseminadas en el monte. En concreto, en trabaja en 23 núcleos de población y 89.780 hectáreas de tratamiento, con un presupuesto de 241.432 euros en la denominada zona de interfaz urbano/forestal, espacio libre que hay entre un monte público y una vivienda.
En total, se actúa en 42 núcleos urbanos de la Comunidad Valenciana ubicados o colindantes con terreno forestal gestionado por la Generalitat. Las provincias de Castellón y Valencia cuentan con un presupuesto de 201.054 euros. Se actúa en un núcleo de población y 1,071 hectáreas en Castellón. En la de Valencia son 18 núcleos de población y 78,179 hectáreas de tratamiento.
La selección de las zonas ha estado condicionada, en primer lugar, a la disponibilidad de los terrenos para su ejecución, que se limita a montes gestionados por la Generalitat. En segundo lugar, a las condiciones técnicas de ejecución, como son la prioridad de defensa, el modelo de combustible presente, el anclaje de la actuación a zona segura y la superficie útil.
Las actuaciones proyectadas consisten en tratamientos de la vegetación perimetral de los núcleos de población, creando un área de cortafuegos de una anchura mínima de 30 metros. En el caso de que el terreno tenga un pendiente de más del 30%, esta anchura se ampliará hasta los 50 metros. Los trabajos, cuya ejecución se ha encomendado a la empresa Tragsa, se centran en la reducción del estrato de matorral de forma que se evite la propagación vertical del incendio por el arbolado existente y la propagación horizontal, que por acumulación de restos vegetales muertos facilita la rápida y virulenta extensión del fuego.
También se actúa sobre el arbolado, reduciendo la superficie de copas hasta una fracción de cabida de cubierta del 40%. Esta reducción se desarrolla de manera progresiva, de forma más intensa en las zonas más cercanas a las viviendas, y selectiva sobre árboles con decaimiento, enfermos, dominados y de porte pequeño o defectuoso.
Sobre los árboles que se eligen se realiza una poda de hasta dos tercios de su altura total (un máximo de tres metros), lo que favorece así su desarrollo en altura y la continuidad vertical. Las zonas de interfaz urbano forestal (áreas entre el monte y las urbanizaciones) son vulnerables por dos motivos. Primero, porque pueden verse afectadas por un eventual incendio forestal, y, segundo, porque pueden ser el origen de un incendio que se propague rápidamente por el terreno forestal en el que se ubican estos núcleos.
La sequía estructural, un invierno más húmedo de lo normal en el interior de la provincia, la tradicional falta de limpieza de la masa forestal por el abandono de la ganadería extensiva, y la falta de medios han provocado que el bosque de la provincia se haya convertido, un año más, en un polvorín ante la posibilidad que se produzca un incendio forestal. El crecimiento del matorral aumenta el riesgo ante incendios forestales. A ello se une el elevado riesgo existente en varias zonas de la montaña de Alicante, que han sido ocupadas por urbanizaciones y en las que no se ha llevado a cabo acciones de gestión (talas selectivas, limpieza de matorral) del monte en la llamada interfaz urbano-forestal. Es decir, en la zona de contacto de las urbanizaciones con el monte.
El secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, subraya que «pretendemos que los vecinos y los ayuntamientos tomen conciencia del peligro de incendios forestales y actúen en consecuencia en sus terrenos».
