El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado hoy el cese de Miguel Ángel Redondo, el asesor del gobierno local del PP que fue despedido hace una semana después de que este diario publicara la conexión entre el personal de confianza de Barcala y la tránsfuga Nerea Belmonte. El asesor también aseguró dentro de un proceso judicial todavía abierto que había cobrado en negro de Ciudadanos y de Cruz Roja. Ambas entidades han desmentido esos pagos y la formación política, además, ha llegado al asesor al juzgado.
El BOP oficializa el despido del asesor, que fue contratado un mes antes por el gobierno de Barcala. Según el alcalde, se contrató a Redondo por sus "muy buenos contactos" con el tejido vecinal y asociativo de la ciudad. Su tarea, según el regidor popular, era "peinar la ciudad" junto a otros dos trabajadores para alertar de desperfectos y daños en infraestructuras. El alcalde decidió fichar a Redondo con el sueldo más alto posible para un asesor, unos 2.500 euros al mes.
En su intento de justificar el despido, Barcala señaló hace ahora una semana que al llegar el PP al gobierno municipal, Redondo se ofreció como asesor y se le contrató. Sin embargo, Redondo le desmintió apenas un día después. El ya exasesor recalcó que desde el PP le «buscaron» y contrataron por sus «conocimientos» de la ciudad de Alicante. «Me pedían ayuda para el tema de la campaña electoral a un año vista», señaló Miguel Ángel Redondo, quien sostuvo que ya se había «puesto a trabajar, para ayudar de cara a la campaña», en evidente alusión a las próximas elecciones municipales previstas para 2019.
Durante su periodo a sueldo del Ayuntamiento, Redondo llegó a acompañar a Belmonte en visitas oficiales a dependencias municipales, como la que hicieron a la Policía Local. En una visita anterior a una entidad benéfica, Redondo aseguró que trabajaba para "rehabilitar" la imagen de Belmonte, que con su voto en blanco en el pleno de investidura permitió la llegada del PP al gobierno a mediados del pasado mes de abril.
Las palabras de Redondo sobre su contratación ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción, ya que el grupo municipal socialista se las hizo llegar el pasado lunes. El Ministerio Público, por ahora, investiga el supuesto intento de compro del voto de Belmonte desde la izquierda, según aseguró ella en el primer pleno de Barcala como alcalde. El fiscal, además, tiene sobre la mesa las denuncias presentadas por todos los grupos de la oposición por la presunta vinculación en la contratación del asesor Redondo y el signo del voto de la ex de Guanyar.
