Con tres hijos menores, Nerea Fernández y su marido se vieron ayer en la calle. El día anterior ya habían sido advertidos por la Policía de que debían abandonar la casa que ocupaban de manera ilegal desde hace 4 años en Virgen del Remedio. Era el cuarto aviso de desahucio y a Fernández ya no le quedaban más fuerzas para luchar. En esta ocasión, acompañada por algunos vecinos y familiares y por miembros de Stop Desahucios, entregó pacíficamente las llaves a la Policía, recogió la ropa y los enseres de la familia y se marchó a casa de su hermana. «Somos 10 personas en una casa de tres habitaciones. A ver cómo nos organizamos», explicaba ayer con lágrimas en los ojos esta mujer que se gana la vida limpiando escaleras y su marido con la chatarra. Lo que más le pesaba es el convencimiento de que a las pocas horas de ser desalojada, la casa sería nuevamente ocupada. «Estos días ya ha estado gente por aquí echándole el ojo y preguntando cuándo nos marchábamos».
Por su parte, miembros de Stop Desahucios criticaban el, a su juicio, poco interés que han puesto las administraciones en este caso. «En el Ayuntamiento tuvieron constancia anoche de que este desahucio se iba a producir y no han hecho nada», lamentaba ayer Fernando Martínez, miembro de Stop Desahucios. Según la afectada, desde 2006 está en los registros de la Conselleria de Vivienda a la espera de un piso de alquiler social. «Nos dicen que está de las primeras de la lista, pero pasa el tiempo y no le dan una vivienda, pese a que tienen tres menores y cumplen con todos los requisitos», señala el portavoz de Stop Desahucios. Nerea Fernández asegura que en el centro social la única alternativa que le han dado «es que me busque por mi cuenta una vivienda de alquiler y que ellos me lo devolverán en 3 o 4 meses, pero en todos sitios te piden nóminas y los pisos son carísimos». Desde la Consellería de Vivienda señalaron ayer que en la familia «en ningún momento» se ha puesto en contacto con ellos para comunicar su situación de emergencia «ni ha solicitado nunca ayudas para el pago del alquiler». Añaden que aunque la lista de espera para una vivienda es abultada, «ésta se puede saltar, pero debe haber una coordinación con los servicios sociales del ayuntamiento», algo que aseguran no ha existido en este caso. Este periódico trató ayer en varias ocasiones conocer la versión del Ayuntamiento sin éxito.
